Editoriales

Los abusos, autoritarismo, incluso las excentricidades de los gobernantes tienen límite en el poder de los ciudadanos, quienes, con información pública en sus manos, pueden cambiar a sus representantes en el gobierno. En México ese proceso funciona mal.

Hoy EL UNIVERSAL publica que el gobierno de Veracruz, a cargo de Fidel Herrera, se negó a hacer públicos —durante los próximos seis años (después de la elección presidencial de 2012)— los gastos de promoción institucional, los índices delictivos, las pensiones alimenticias, los viáticos, los sueldos y las prestaciones de servidores públicos veracruzanos.

La animadversión a la transparencia es una constante entre los gobiernos de las entidades. Hace unas semanas el Congreso de Querétaro —con el consentimiento del gobernador Francisco Garrido Patrón— fusionó al instituto encargado de la transparencia con el de derechos humanos, con lo cual, en los hechos, desapareció la rendición de cuentas.

La ciudad de México no se queda atrás. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal reservó toda la información sobre cuánto costaron los segundos pisos de las vialidades del sur de la ciudad. Además, tampoco sabremos (antes de 2012) cómo se asignaron los contratos de esas obras.

En todo caso, una vez establecida la transparencia en las entidades federativas, habría que dar el mensaje a los gobernados de que conocer las actividades de sus autoridades servirá de algo. ¿Qué caso tiene descubrir la grabación de un gobernador mientras gestiona con un presunto pederasta la tortura de una periodista si, tras el escándalo, el funcionario sigue en el cargo como si nada hubiera pasado?

Si el sistema político funcionara con base en los fundamentos democráticos que incluyen la transparencia hace mucho que los Góber preciosos habrían renunciado o hubieran sido obligados a hacerlo.

Por mucho menos caen en desgracia políticos en el extranjero como el ex gobernador de Nueva York Joseph Spitzer, quien se descubrió era cliente de un servicio de prostitución.

Lo sucedido a la fecha nos da a entender que el problema tiene dos orígenes: la falta de obligatoriedad legal a todos los niveles de gobierno, debido al maniqueo argumento del federalismo, y la existencia de políticos intocables —hambrientos de excedentes petroleros— que hacen ver a la transparencia como un simple placebo para la ciudadanía.

Castigar que en Tabasco se desviara el dinero destinado a prevenir inundaciones; inhabilitar a un gobernador por donar dinero público a la Iglesia católica y evitar que un alcalde gane más que el Presidente son el último paso de la transparencia. Es el que nos falta iniciar.