| ¿El Cisen está espiando a los diputados? Esta fue la conclusión de legisladores de la oposición debido a la nota publicada por EL UNIVERSAL (26/V/08) donde se señala que el “Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pagó un millón de pesos, más 150 mil pesos de impuestos, a una empresa privada, para dar seguimiento al Poder Legislativo en México”. El fundamento de esta afirmación es un contrato del año pasado, obtenido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en donde el Cisen contrató a la empresa Consultores en Diseño y Estrategias Político-Legislativas por un periodo de cinco meses para “acceder en línea al Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa (SAAPIL)”. ¿Y qué es esto? Es un sistema creado para condensar, sistematizar y convertir datos surgidos del Congreso de la Unión en información útil para la toma de decisiones, de acuerdo con las notas publicadas por este diario. La publicación de la información sobre este contrato despertó preocupación, sospecha y, desde luego, el reproche de muchos. Una carta enviada a este diario y firmada por Guillermo Valdés, director del Cisen, en la cual negaba haber pagado a la empresa privada para espiar al Congreso, no disipó del todo las dudas. ¿Es este contrato prueba de que el Cisen y por ende el gobierno de Felipe Calderón estaban espiando a los legisladores? Por más que protesten estos últimos, no, este contrato no es evidencia de actividades de espionaje, pero sí es evidencia de las dificultades que tiene el Cisen para explicar sus funciones y para defenderse ante ataques. También podría ser ejemplo de una mala decisión administrativa, pero no de espionaje. En la nueva edición de Seguridad nacional hoy: el reto de las democracias (Punto de Lectura, 2008) dedico un capítulo para explicar las funciones de los organismos de inteligencia: “El trabajo de inteligencia se utiliza para que los gobiernos tomen las decisiones adecuadas, por lo que una de sus funciones principales es la elaboración de un proceso que haga útil la información a los funcionarios gubernamentales” (págs. 147-148). Y es que hay diferentes formas en que un gobierno obtiene información. Un mecanismo es recolectar información de “fuentes abiertas”; son datos que están disponibles a la mayoría de las personas por medio de los periódicos, la internet, la radio y la tv, o es información que las mismas personas proporcionan por su cuenta. En cambio, el “espionaje” es una actividad en donde se obtiene información haciendo uso de mecanismos generalmente ilegales y violatorios del derecho a la privacidad, por ejemplo la intercepción electrónica (teléfonos, internet), robo de documentos privados, violación de la correspondencia, videograbaciones y fotografías hechas en sigilo, etcétera (si desea ver un diagrama con las diferentes técnicas para recolectar inteligencia visite www.anamariasalazar.com). Así, el desarrollar estos resúmenes de recopilación de datos o análisis de las diferentes actividades legislativas no puede ser considerado espionaje como tal. Pero sí creo que el Cisen necesita aclarar por qué requieren de la información legislativa, qué uso le van a dar y cómo se vincula esa información a la estrategia de seguridad nacional de México. Yo me puedo imaginar varios argumentos de la utilidad de esta información para el Cisen. Tal vez la intención del gobierno es la de identificar posibles escenarios a futuro, focos rojos que pudiesen vulnerar la estabilidad del país o impactar directamente en la seguridad nacional, producto de la aprobación o rechazo de una determinada ley. Por ejemplo, una reforma laboral que genere un clima social que desemboque en protestas, manifestaciones, paros, huelgas o incluso violencia. Pero si, por el contrario, el Cisen no puede explicar dicho contrato desde una perspectiva de seguridad nacional, entonces ellos estarían llevando a cabo un análisis político que pudiera ser de utilidad a la Presidencia o a la Secretaría de Gobernación. Partiendo de la base de que todo gobierno, sin ser el mexicano la excepción, requiere estar informado sobre el estado de los debates legislativos, la viabilidad de posibles iniciativas, las negociaciones entre diputados y senadores, posturas sobre temas específicos, y en general del trabajo en las cámaras, tener esta información es y será relevante. Si diéramos por válida esta hipótesis, ¿por qué el Cisen? ¿Por qué esta dependencia encargada de asuntos de otra naturaleza? ¿Por qué utilizar el aparato de inteligencia existiendo una subsecretaría en Gobernación encargada del Enlace Legislativo? Una vez más, si diéramos por válida esta hipótesis, el origen del problema sería una cuestión de “formas”, pero por lo menos en este caso particular, definitivamente, no es un problema de espionaje. salazaropina@aol.com www.anamariasalazar.com Analista política |
