| La emergencia agroalimentaria que vive el país debería motivar una concienzuda redefinición de nuestra política agrícola, además de un auténtico programa emergente de seguridad alimentaria. En su lugar, hemos recibido un golpe mediático de mercadotecnia política. El “paquete de acciones” anunciado por el presidente Calderón comprende, en su “primer eje”, medidas de liberalización de las importaciones de trigo, maíz, arroz, sorgo y pasta de soya, la reducción del arancel para leche en polvo y una cuota para importaciones de frijol. Se pretende con estas acciones “facilitar el abasto” y “mejorar los precios al consumidor”. Se olvida que el encarecimiento internacional de los alimentos es el motivo inmediato de su encarecimiento en México. Su causa estructural interna radica en nuestra desmesurada dependencia alimentaria, resultante de un cuarto de siglo de experimentación neoliberal en el campo. Además, nuestras importaciones de alimentos ya están liberalizadas casi por completo, puesto que proceden principalmente del área del TLCAN (100% del trigo, del maíz blanco, del arroz y del sorgo; 90% del maíz amarillo; 54% de leche en polvo, etcétera). Por eso, los precios al consumidor no bajarán con la liberalización. No sólo aflora la falta de realismo, sino también una preocupante filosofía implícita. Cuando el presidente estadounidense George W. Bush firmó la Farm Security and Rural Investment Act of 2002, dijo: “Somos una nación bendita porque podemos cultivar nuestros propios alimentos y por ello estamos seguros. Una nación que puede dar de comer a su gente es una nación más segura”. En México, la filosofía gubernamental parece ser la contraria. El segundo eje del paquete comprende las acciones supuestamente orientadas a “elevar la producción de alimentos y la productividad en el campo mexicano”. No se trata de “más de lo mismo”, sino de “lo mismo, sin más”. En efecto, se anuncia “una bolsa de más de 20 mil millones de pesos para apoyar la compra de tractores, maquinaria, equipo y otros activos”, integrada “con la participación de los sectores público, social y privado”. Suena impresionante, pero se trata de la partida presupuestal del rutinario “Programa para la adquisición de activos productivos”, que desde el año pasado figura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 (PEF-2008). Se presenta también como nueva la modernización de los “sistemas de irrigación de 214 mil hectáreas”, cuando en realidad se trata de un programa rutinario cuya partida de egresos quedó también contemplada en el PEF-2008. Para colmo, se incluye la permanencia del Procampo y de otros programas instituidos por gobiernos anteriores, también contemplados en el PEF-2008. De hecho, la única novedad se refiere a los fertilizantes: la liberalización de su importación y el otorgamiento de microcréditos para su adquisición por 500 mil pequeños campesinos. El problema consiste en que la liberalización tampoco abatirá significativamente los precios de los fertilizantes, de cuya importación también dependemos; y los microcréditos apenas cubrirían una pequeña porción de la superficie sembrada. En suma: se reiteran programas y enfoques vigentes desde tiempos de Salinas y Zedillo, cuyo fracaso como instrumentos para elevar la oferta interna de alimentos es evidente. Finalmente, las acciones anunciadas para “proteger el ingreso y la calidad de vida de las familias más pobres del país” consisten en mantener estables los precios del maíz y la harina de maíz que vende Diconsa; y el de la leche que vende Liconsa. Además, se entregarán 120 pesos mensuales adicionales por hogar a los beneficiarios de los programas de pobres (es decir, menos de un peso por persona al día). La insuficiencia de estas acciones también salta a la vista. Sin embargo, a los pobres no indigentes les va peor. No obstante que los alimentos se encarecieron 9.2% entre la primera quincena de mayo de 2007 e igual periodo de 2008 —mientras que los salarios mínimos sólo crecieron 4% y los contractuales 4.1%—, no se ofrece a los pobres no indigentes ninguna medida compensatoria. El asunto es grave, porque importantes diarios nacionales han documentado la caída de las ventas de alimentos no sólo en los mercados públicos, sino también en los supermercados afiliados a la ANTAD (véase EL UNIVERSAL, 23/V/08 y 28/V/08; La Jornada, 27/V/08; Reforma, 23/V/08). Ciertamente, se anuncia un apoyo de magnitud indefinida a la cadena maíz-tortilla. Al parecer, será de 100 pesos por tonelada, insuficientes para evitar nuevas alzas en el precio de la tortilla. No sólo inquieta el fiasco del paquete agroalimentario, sino también el autoengaño de quienes piensan que el gobierno realmente está haciendo lo que debe. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM | 
