Editoriales

Ayer fue un día muy triste en la lucha contra el narcotráfico. En un solo enfrentamiento, en Culiacán, Sinaloa, los asesinos a sueldo de las mafias dieron muerte a por lo menos siete heroicos policías federales y dejaron heridos a cuatro. Por el lado de la banda criminal hubo un muerto y dos sospechosos fueron apresados.

Nunca las fuerzas federales de seguridad habían recibido un golpe de tal magnitud, que ocurre a menos de tres semanas del asesinato de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Pública, abatido después de la muerte de otros mandos federales, el 1 de mayo.

En el Consejo de Seguridad Nacional se debe analizar cuidadosamente no sólo el trágico balance mensual del enfrentamiento armado entre policías y malhechores, sino la urgente necesidad de replantear la estrategia del combate al tráfico de drogas.

La acción de la fuerza pública es indispensable, pero ya es hora de admitir que por sí sola no basta para ganar esta guerra. Mientras la trágica cuenta parece perder sentido, nuestros “aliados” estadounidenses regatean los apoyos de la Iniciativa Mérida, que ya bajaron de 500 a 350 millones de dólares, en equipo, aeronaves y cursos de capacitación. México aporta unas 20 veces más, en dinero, y todos los muertos.

Son combatidos los sicarios que pelean por las plazas de la droga y algunos capos llegan a la cárcel; sin embargo, no se actúa con igual energía contra quienes manejan las redes financieras del blanqueo de dinero ni contra las cadenas de corrupción que en las entidades policiales y los sistemas judiciales y penales favorecen a los delincuentes.

Menos se ejerce acción alguna contra quienes desde el poder público y económico protegen indudablemente a los magnates del tráfico criminal de estupefacientes, armas y personas.

Es hora de ir al fondo del problema, que no es sólo de México, sino también, y principalmente, de Estados Unidos. Apenas la semana pasada, George Inkadosian, proveedor de armas para los cárteles mexicanos de la droga, fue liberado en Phoenix, Arizona, con una fianza de 75 mil dólares para enfrentar un juicio por fraude, lavado de dinero y asistencia a una organización criminal, que son precisamente los puntos vulnerables para atacar el narcotráfico.

El 90% de las armas que llegan a los narcotraficantes mexicanos procede de Estados Unidos y entra por Nogales, El Paso y Yuma, pero son invisibles para unas autoridades estadounidenses muy ocupadas en perseguir indocumentados. No hay otra forma de derrotar al crimen organizado.