| Las posturas hasta ahora ventiladas en las audiencias de la reforma petrolera (aperturistas, estatistas y mixtas) coinciden en su orientación general: cómo hacer que la renta petrolera sea cada vez mayor sin expoliar a Pemex, ayudándolo incluso a que su renta sea aún más grande. Las diferencias proclamadas sobre el régimen de propiedad no borran la coincidencia en cómo agotar el recurso lo más rápido posible, con tal de satisfacer diversas e ingentes necesidades. Cualquiera que sea la ley resultante, se perfila ya un leit motiv productivista, ciego o indeciso ante la transición energética, tarea que muchos países ya emprenden o se disponen a emprender ante la evidencia de megadaños ambientales, no digamos la certeza creciente de que el fin del petróleo ya empezó. Decidir el futuro de la industria petrolera nacional sin establecer las bases de una transición energética sería ignorar los hechos y las políticas que perfilan el futuro. No desconocemos las políticas ambientales en marcha en México, cualquiera que sea su efectividad. Lo que no hay son metas de transición en diversificación y eficiencia energéticas. Como es obvio, tales metas no pueden ser establecidas al margen de la industria petrolera a ser sustituida. Ambas dinámicas son parte del análisis; podría formarse una cadena de valor propia de la transición energética, como la expresada por los bonos del carbono emitidos por instituciones internacionales. La discusión del futuro energético de México está saturada de deseos económicos y políticos, indiferente a la previsible extinción del petróleo y a los daños que su uso causa en el proceso. Indiferencia que podría explicarse por la importancia del ingreso petrolero para el gobierno y la clase política, dependencia que termina agotando el horizonte de visión, incluyendo la promesa de que el petróleo debe ser “palanca del desarrollo nacional”. Sin transición energética no hay futuro económico. La letanía del rezago petrolero de México ignora que todos los países productores se rezagan a medida que la demanda crece y la oferta se estrecha. Los países consumidores buscan asegurar su abasto donde sea posible. Este dato ya influye en el mercado, contribuyendo a elevar el precio del recurso y alentando el financiamiento de empresas de “aguas profundas”, otros lugares recónditos y pozos abandonados. Es un frenesí movido por la inseguridad del abasto y la especulación inherente, lo que a su vez contamina las decisiones nacionales tomadas por políticos de corto plazo. La alarma de que nos rezagamos en la carrera por acabarnos el petróleo es, finalmente, ridícula en sí misma. Si el petróleo se agotará en un futuro más o menos predecible, ¿qué apuro hay en extenuarlo? Una reforma consecuente con esta fatalidad sería, en todo caso, ahorrar la mayor cantidad de hidrocarburos para lo que se pudiera ofrecer, dada su escasez ya previsible, con la seguridad de que su precio en el mercado siempre redituará con creces el costo de producirlo donde fuere, hasta la última gota categórica. Queda la cuestión de si el pregonado fin del petróleo pudiera resultar desinflado por noticias de yacimientos no revelados antes por razones de Estado. No es seguro que los gobiernos que suministran las cifras de reservas petroleras a la Agencia Internacional de Energía digan toda la verdad. Viene al caso recordar la inesperada revelación oficial en 1976 de que México nadaba en un mar de petróleo, lo que resultó una bendición tras los estragos de la devaluación del peso al finalizar el gobierno de Echeverría y la elección de López Portillo. El Estado sacó su carta cuando la necesitaba. Eventualidades de este tipo podrían retrasar la transición energética, pero las razones para acelerarla son poderosas y ya están actuando. blascota@prodigy.net.mx Analista político | 
