Editoriales

Por supuesto que si todos los gobiernos tienen como primera obligación garantizar la seguridad nacional, deben ser dotados de servicios de información eficientes, pero siempre dentro de los linderos de la Constitución.

Durante varios sexenios estas tareas recayeron en una Dirección Federal de Seguridad que demostró su destreza como auxiliar en algunas sonadas investigaciones policiacas, pero que empleaba técnicas caseras en el análisis de informaciones políticas de dudosa autenticidad y toleraba en su seno prácticas de grave corrupción y complicidad. También solía vender sus servicios, sobre todo de intervenciones telefónicas, a particulares, .

Hoy tal tarea recae en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Su principal función es desarrollar tareas “que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad del Estado”.

Parecen actividades muy ambiciosas para una entidad que pide al gobierno capitalino que la proteja del Ejército Popular Revolucionario, que se queja de falta de recursos para cumplir con sus obligaciones y que ha tenido miembros acusados de espionaje político.

En el colmo de la situación, ahora sabemos que el Cisen pagó un millón de pesos, más IVA, a una empresa particular para dar seguimiento al Poder Legislativo, como si éste constituyera una amenaza para la seguridad nacional.

¿No tiene recursos el Cisen para actuar, pero sí para contratar empresas privadas favorecidas para una investigación que tiene más visos de provecho partidista?

Mientras tanto, estamos ayunos de información vital de las organizaciones criminales, de las guerrillas, de la presencia aquí de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la migración centroamericana y del fondo de los universitarios mexicanos abatidos en Ecuador.