Editoriales

Dice el Banco de México que entre 4% y 5% ha variado la inflación en el último medio año. En las tiendas, los productos básicos han llegado a aumentos de precio de entre 50% y 100%.

Ambas cifras pueden ser ciertas —curiosidades de la economía y la macroeconomía—, pero en todo caso, lo que preocupa a las personas comunes es ver disminuir la cantidad y la variedad en los alimentos que puede adquirir.

Hace un año causó un escándalo el incremento de hasta 10 pesos en el precio del kilo de la tortilla. El presidente Calderón salió entonces a acordar una estabilización del precio con las tiendas de autoservicio de 8.50 pesos. Su reacción fue tardía.

Hoy parece que el gobierno repite el error ante el nuevo aumento en el precio de la tortilla, que llega a 9.20 pesos; el de la margarina, que alcanza los 19.30; el del kilo de arroz, que sube a 19.10; y del huevo, que llega a 19.60 pesos.

¿Dónde está ahora Eduardo Sojo, secretario de Economía, quien aseguró hace una semana que no habría aumento al precio de la tortilla y que se mantendría en un promedio de 8.66 pesos por kilogramo incluso en los próximos meses?

Pese a ello, el gobierno federal ya tiene una justificación para no reaccionar: junto con Sojo, los secretarios de Gobernación, Agricultura y Trabajo —Juan Camilo Mouriño, Alberto Cárdenas y Javier Lozano— concluyeron que el impacto de la crisis alimentaria en México ha sido “menor” al de otras economías.

Haití, Egipto, Camerún, Senegal o Indonesia. Sin duda el país está mejor que esas y otras 33 naciones pobres. Regiones que, por cierto, padecen una situación que ha causado disturbios por la carestía. ¿Eso ya sería un asunto “mayor”?

Las encuestas en Latinoamérica coinciden: si a las personas se les da a elegir entre una democracia con hambre y una dictadura próspera, eligen la segunda. Tener el estómago lleno es la prioridad. El gobierno no está para especular sobre la gravedad de lo que sucede.

Garantizar la alimentación de la población es un tema de seguridad nacional. Es irresponsable dejar que el mercado —cuyos actores violan las reglas para enriquecerse más— se arregle a sí mismo.

El Estado debe limitar la rentabilidad del encarecimiento cuando pone en riesgo la estabilidad social. Primero, con castigo a los acaparadores que, desde inicios de 2007, dijo Eduardo Sojo que serían castigados. Nada ha pasado o nada se ha informado al respecto.

Segundo, por medio de la reducción de intermediarios entre el campo y la mesa. Es en ese tránsito que el precio se incrementa a niveles injustificables.

Lo ideal es evitar la subvención o el regalo de despensas y dinero, medidas populares pero igual de costosas para el país que la misma carestía.