| Entre las ramas de produc-ción que más se destacan en todo el mundo por la falta de ética, y en muchos casos por sus prácticas de corrupción, se encuentra —aunque parezca increíble— la industria farmacéutica, que continuamente aparece en los medios de comunicación debido a que alguno o varios de sus miembros participan en actos indebidos, a pesar de supuestamente ser una de las industrias más vigiladas por los gobiernos de todo el orbe. En su edición del 16 de mayo, EL UNIVERSAL da cuenta de una investigación que está realizando la Procuraduría General de la República por el robo de medicinas al sector salud y la venta de muestras médicas, las cuales deben ser gratis y se utilizan como promoción entre los médicos de los sectores público y privado. El robo de medicamentos se realiza principalmente en hospitales y farmacias de las principales dependencias, como son el IMSS y el ISSSTE, aunque se supone que puede ocurrir en otros hospitales públicos. Aquí sin duda están involucrados servidores públicos y habrá que proceder contra ellos, pues es un daño terrible no sólo para el erario federal sino para los derechohabientes, ya que si la institución a la que tienen derecho no cuenta con el abasto suficiente, se ven obligados a comprarlos en farmacias particulares, elevando con ello enormemente su gasto. Pero junto a esta corrupción pública está la privada, ya que los laboratorios fabrican las muestras médicas, supuestamente gratuitas, y parece ser que algunos de ellos las están vendiendo en tianguis y mercados públicos en varios estados de la República. El artículo informa de un operativo en Jalisco y Michoacán, donde incautaron cerca de 35 toneladas de medicamentos, de las cuales más de la mitad eran muestras médicas que iban a venderse al público. Para variar, ante la incapacidad de poder poner orden en esta rama, se aplican medidas extremas, como es la que supuestamente decidió la Cofepris prohibiendo la fabricación de muestras médicas. Se parece mucho a la medida que tomó el año pasado ante el inusitado contrabando que existía de la sustancia llamada seudoefedrina y que se utiliza en varios medicamentos. La solución dada por el gobierno fue prohibir la fabricación de las medicinas que contenían esa sustancia. Bien utilizada, la seudoefedrina sirve para ciertos padecimientos, así como las muestras médicas sirven también para lo que están hechas. No se pueden tomar medidas radicales que afectan a los ciudadanos sólo porque el gobierno es incapaz de parar el contrabando, sancionar a los funcionarios y meter en cintura a los que venden muestras médicas. Y no se trata sólo de los pequeños laboratorios, sino también de los grandes consorcios transnacionales —que cada día son menos, pues la concentración en unos pocos es de las mayores, comparada con otras ramas industriales—. Ante asuntos complicados, los gigantes de la farmacéutica los tratan de resolver mediante poderosas firmas de relaciones públicas y el cabildeo a través de sus representantes en todos lados. Para esto son más que eficientes. Uno de los casos más recientes es el del famoso medicamento denominado Lipitor, fabricado por la empresa Pfizer. Se informa que es el medicamento más vendido en el mundo y sirve para reducir el colesterol, pero resulta que, según el periódico The New York Times, la empresa tuvo que cancelar su propaganda, en la que llevaban gastados más de 250 millones de dólares, debido a que se encontró que la “estrella médica” que lo garantizaba, el doctor Robert Jarvik, carece de licencia para practicar la medicina e incluso, lo que es peor, tampoco es cardiólogo. Por cierto, a esta persona la empresa le ha pagado 1.3 millones de dólares por hacer la propaganda durante dos años. Este medicamento tuvo el año pasado ventas por un valor de más de 12 billones de dólares, pero ya existe un producto competidor que se vende a la tercera parte del precio. El Congreso estadounidense ha creado una comisión para investigar a los laboratorios y su propaganda, ya que ésta es un negocio de cerca de 5 billones de dólares tan sólo en ese país. Quizá sería conveniente que nuestro Congreso, a pesar de que las comisiones ad hoc han tenido pocos resultados, creara una para ver hasta dónde la propaganda que inunda todos los medios, fundamentalmente la radio y la televisión, se ajusta a la verdad y cumple con normas deontológicas y éticas, sobre todo en un ramo como es el de la salud. Tomemos el ejemplo que hoy se presenta en nuestro país, donde la mayoría de los medicamentos contienen la leyenda “su venta requiere receta médica” y al momento de su venta casi nunca se pide la misma. O la frase es obsoleta, y entonces preguntaríamos para qué se pone, o nadie la cumple, lo que es peor. Se debe obligar a la industria a cumplir con los ordenamientos legales en cuanto a propaganda y precio, rubro este último donde también prevalece el desorden, como puede comprobarse con las farmacias que expenden los medicamentos con 30% de descuento, con lo cual lo único que se genera son dudas sobre el precio real del producto. Esperemos que con este caso de la venta de muestras médicas y el robo al sector público, el gobierno meta en cintura a los industriales del ramo y sancione severamente a quienes defraudan la confianza o engañan a los consumidores, sean del sector público o del privado. Analista político y economista | 
