| Decir que los partidos en México atraviesan desde hace algunos años una situación de crisis no aporta ningún elemento novedoso al debate público. Sin embargo, nadie en su sano juicio podría afirmar a contracorriente que los partidos políticos gozan de cabal salud y que poco o nada debería cambiarse al respecto. Más allá de ser un tema trillado, afrontarlo cabalmente resulta cada vez más importante para poder revisar la viabilidad de esas instituciones que son consustanciales a la democracia y vitales para el sistema representativo. Reflexionar sobre la crisis de los partidos y buscar soluciones a la misma termina por ser un tema obligado para pensar en el futuro de la democracia. Que los partidos atraviesan una situación complicada lo evidencian datos concretos que están a la vista de cualquiera. No se trata de un fenómeno exclusivo de alguno de ellos, sino que atraviesa transversalmente todo el espectro político. Por un lado tenemos al vistoso y estridente proceso de elección de la presidencia nacional del PRD, que raya cotidianamente en la fractura y cuya resolución es de pronóstico reservado; se trata, por lo demás, de un partido que aún no ha logrado hacer las cuentas con el protagonismo y agenda propia del lopezobradorismo. Por otra parte tenemos al PRI, secuestrado día a día por los nuevos grupos de poder que encarnan los gobernadores y que lo convierten cada vez más en una confederación informe de intereses diversos que dificultan un posicionamiento ideológico claro y una identidad propia. En el otro extremo tenemos al PAN que, aunque de manera menos evidente, atraviesa una grave crisis provocada por la absoluta orfandad de principios políticos (en otros tiempos motivo de orgullo e identidad panista), por un pragmatismo sin rumbo y por un ejercicio autoritario a su interior evidenciado por el hecho de que, desde hace tiempo, es el partido que enfrenta el mayor número de juicios promovidos en su contra ante el Tribunal Electoral por violación de derechos políticos de sus militantes. Tampoco lo partidos “pequeños” están ajenos a las tribulaciones; el lamentable caso de cómo el otrora partido Alternativa Socialdemócrata ha venido resolviendo la renovación de su dirigencia nacional nos habla de que el fenómeno de descomposición los afecta a todos. Por si esos datos de hecho no fueran suficientes, las encuestas de cultura política y de confianza en las instituciones nos evidencian que reiteradamente los partidos políticos están en el sótano de las calificaciones emitidas. Así, el ranking nacional publicado por Consulta Mitofsky en febrero pasado señala que “se mantiene muy baja la confianza que (los partidos) generan y este comportamiento se da en todos los grupos poblacionales, lo que los ubica nuevamente en el último lugar”, con 5.5 de calificación (sobre 10). Frente a ese contexto abundan los oportunistas que lucran con un discurso “antipolítica” y “antipartidos” abanderando y abusando de presuntas causas nobles y justas, como es el caso de la mala idea encarnada por las “candidaturas independientes”. ¿Qué hacer frente a ese escenario? Olvidarse de los partidos y repudiarlos como la forma primigenia de organización política de los ciudadanos y como el conducto natural para integrar la representación nacional sería, simplemente, el suicidio de la democracia. Ya Kelsen ha advertido con una claridad perentoria que los partidos son canales indispensables para procesar la pluralidad política en los sistemas democráticos. Para decirlo en breve: sin partidos no hay democracia y no hay democracia sin partidos. La solución, por elemental que parezca, está en fortalecer a los propios partidos creando condiciones para el procesamiento democrático de sus decisiones internas y de la designación de sus dirigentes y candidatos. Sólo así, estableciendo mecanismos democráticos y de control de legalidad en sus actos, podrá superarse la crisis que atraviesan. El papel del IFE y del tribunal en garantizar que esas condiciones se cumplan es crucial. Más allá de que algunos lo consideren intervencionismo, ese control externo es indispensable para evitar que los partidos sean cotos vedados, espacios refractarios a los principios de la democracia y del estado de derecho. Se trata de un control del que, sin llegar a asfixiar la legítima autonomía de los partidos, dependen la garantía de los derechos de los militantes y, al fin y al cabo, la existencia misma de una democracia digna de llamarse tal. Investigador y profesor de la UNAM | 
