| Por fin llegó el debate sobre la reforma petrolera. La imagen es positiva porque resulta mejor tener al Poder Legislativo en acción, concentrado en una amplia consulta, que en puras negociaciones al margen de la presencia ciudadana. Es más estimulante para cualquier democracia escuchar las posiciones, debatirlas, que sólo murmurar y que cada actor se refugie en su pedazo de selva. Poner en común, discutir, intercambiar, tener una pequeña probada de eso que Habermas llamó alguna vez la “acción comunicativa”, resulta importante. México ha entrado a un pequeño espacio de deliberación sobre un tema fundamental de la agenda pública. Pocas, muy pocas veces sucede en el país, y eso es mejor que el encono, el madruguete y la polarización. Se ha dicho que no servirá de nada porque cada grupo tiene ya sus posiciones inamovibles y al final sólo será cuestión de aritmética, a ver quién tiene más votos para ganar. Es probable que así sea, pero y si no es así y si se logra un resultado diferente, por qué no analizar otras posibilidades. Ya algunos estudiosos de las instituciones han investigado que la agenda pública se construye de diferente manera si estamos en un sistema presidencial o en uno parlamentario (George Tsebelis, Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas, FCE, México, 2006). Mientras que en los sistemas parlamentarios la agenda la lleva el gobierno, en los sistemas presidenciales la agenda se construye y se controla desde el Congreso. Eso es lo que ha empezado a pasar en México desde que iniciaron los gobiernos divididos. Cuando dejamos el sistema presidencial autoritario y el partido de Estado, también se movió el centro de las decisiones y, por supuesto, la construcción de la agenda de gobierno. Hasta ahora no ha sido muy exitoso el proceso; más bien ha estado poblado de momentos de parálisis, reformas al vapor, postergación de reformas y a veces predominios facciosos, sin dejar de lado que también ha habido algunos procesos legislativos de amplio consenso y mejora institucional. Lo cierto es que el presidencialismo mexicano ha tenido cambios fundamentales, sin necesidad de hacer grandes cambios constitucionales. Según la tesis de Tsebelis, la dinámica entre la permanencia y el cambio de las políticas obedece a la relación que se establezca entre los actores con capacidad para decidir. A medida que aumentan estos “jugadores con veto”, con recursos para formar agenda y legislar, crece la estabilidad del sistema, es decir, el statu quo. Simplemente porque resulta más complicado modificar la política existente. Los jugadores pueden ser individuales o colectivos. El autor no se mete en problemas que llevarían a hacer más complejo su modelo de análisis, como sería el caso de los jugadores no institucionales o de los poderes de facto, los actores que vetan no por tener derecho, sino por tener recursos de poder. La experiencia de las últimas semanas nos ha mostrado que no todo es cuestión de votos y consensos parciales, sobre todo cuando se trata de temas de agenda fundamentales para el desarrollo del país, como es la reforma petrolera. El supuesto de que Pemex no se puede quedar como está parece tener una amplia aceptación; sin embargo, la ruta a seguir en el proceso de reforma se encuentra completamente polarizada. La iniciativa de Calderón generó posiciones enfrentadas. Las primeras sesiones del debate en el Senado expresan este conflicto. Las posiciones de los actores con veto expresan las posturas de sus partidos; y las otras voces que han participado en el debate a título individual han tendido que posicionarse sobre los ejes de la polémica: la privatización y/o subcontratación; reforma a leyes secundarias o a la Constitución; el nacionalismo y el mercado; la exportación o la demanda interna; el peso de la historia y las herencias y las reformas y el futuro; reforma fiscal y autonomía de gestión; la corrupción, la transparencia y el papel del sindicato. Ahora vienen otros temas sobre los asuntos jurídicos, técnicos, tecnológicos y financieros. Por lo pronto, la ciudadanía está dividida, 29% a favor de una reforma, 27% en contra y 21% sin opinión definida (EL UNIVERSAL, 12/V/08). Habrá que medir de nuevo la opinión al final del debate. Con estas primeras sesiones parece ser que el debate tendrá más importancia por una razón: todo indica que la iniciativa de Calderón sufrirá cambios muy importantes. El supuesto de un acuerdo amarrado entre PAN y PRI parece que se ha modificado. Una parte del PRI, bisagra de la negociación, ha tenido acercamientos con las posturas más nacionalistas del PRD, porque al final el peso de la historia y la tradición también juegan, incluso como un veto. Muchas de las referencias del debate están cargadas; no sólo se discute un tema central del desarrollo, sino una problemática con fuertes contenidos simbólicos. Las posiciones que quieren abrir el debate y dejar de lado los nudos históricos consideran que una reforma no debe tener cargas del pasado. Con la experiencia poco alentadora de las privatizaciones en México, no se puede dejar de lado tres variables críticas: un empresariado muchas veces voraz, un mercado poco competitivo y un Estado con baja capacidad de regulación, cuyo resultado ha sido que el ciudadano termina pagando los platos rotos. Independientemente de las conclusiones del debate petrolero, un tema complejo en un contexto de polarización política, la experiencia ha resultado oxigenante. Mucho se ha discutido si había acuerdo previo y se daría un madruguete con la iniciativa de Calderón. Unos dicen que fue la toma de las tribunas lo que llevó a este debate amplio, otros dicen que de todas formas se iba a tener. Lo cierto es que quizá el conflicto de las tribunas y la polarización permitieron profundizar el debate y hacer que los vetos y posiciones se hicieran mucho más públicos y transparentes de lo que hubieran sido en otro escenario. Quizá… Investigador del CIESAS |
