| A finales de febrero, el FAP dio a conocer información que cuestionaba la legalidad de algunos contratos de Pemex Refinación con empresas de autotransporte. En particular señalaron a Ivancar, cuyo apoderado legal fue durante algún tiempo Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, como beneficiaria de asignaciones directas, presumiblemente “ilegales”, entre 1997 y 2006, y se formularon acusaciones de un supuesto tráfico de influencias y de ejercicio indebido de la función pública. La Cámara de Diputados, el 13 de marzo, acordó crear la comisión de investigación para conocer la legalidad de esos contratos, integrada por las ocho fuerzas políticas representadas en San Lázaro. Pero los representantes del FAP nunca se presentaron a las sesiones de trabajo ni participaron en la presentación de elementos que sustentaran de manera formal sus acusaciones. La comisión publicó su informe final el 13 de mayo, tras analizar detalladamente las investigaciones documentales en los registros públicos de la propiedad de Campeche y el DF; los informes de auditorías contables practicados a Pemex por la ASF; y la información obtenida de las comparecencias públicas en San Lázaro del director de Pemex, del secretario de la Función Pública y del director de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), así como de la comparecencia por escrito de Mouriño. Se concluyó que no se encontraron elementos para suponer la existencia de alguna irregularidad en los siete contratos analizados. La investigación arrojó que el sistema de asignación directa utilizado por Pemex para los contratos de autotransporte es producto del convenio marco, firmado en 1993, entre la paraestatal y la Canacar y con la Asociación de Autotransportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos y Empresas Sustitutas, y no de contratos con empresas particulares. Lo anterior hace imposible que pueda favorecerse a una empresa en particular. No se encontraron tampoco elementos que permitieran presuponer tráfico de influencias ni pagos indebidos o excesivos por los servicios prestados, ni indicios de que Mouriño hubiera incurrido en ejercicio indebido de la función pública. Estas son las conclusiones de legisladores federales integrantes de una comisión plural del Poder Legislativo. Aunque tienen un carácter sólo declarativo, permiten esclarecer la realidad legal de estos contratos y descalifican las acusaciones públicas —hoy sabemos infundadas— hechas por el FAP. Ahora serán entregadas, como marca la ley, a la PGR y a la SFP, que concluirán la investigación. Lo que preocupa es que, a pesar de los hechos mostrados, la suspicacia, la duda y la desconfianza pretendan prevalecer por encima del orden legal e institucional. Tal parece que acusar sin pruebas es la vía más sencilla para desacreditar a individuos e instituciones sin consecuencia alguna. Ya es tiempo de dejar que la verdad se imponga a las percepciones sin fundamento. Diputado federal | 
