Editoriales

¿Qué debe hacer el gobierno de México en el caso de Lucía Morett? La estudiante mexicana que sobrevivió a un ataque militar colombiano contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador está de nuevo en el centro de la atención pública luego de que un juez ecuatoriano pidió su extradición desde Nicaragua, donde hoy es refugiada política.

Ciertamente es difícil que el gobierno nicaragüense acepte enviarla de regreso a Ecuador, pero la situación pone de relieve otra vez las preguntas en torno a cómo debe actuar el gobierno mexicano para defender a los mexicanos en el exterior.

Las posibilidades son limitadas, guste o no a quienes querrían ver pecado en la aparente indolencia de la Cancillería.

La realidad es que lo que puede hacer el gobierno mexicano es cerciorarse de que la joven Morett tenga todas las garantías legales y sea tratada conforme lo marca la ley, con acceso a representación legal y de ser necesario al apoyo de la representación diplomática.

Y es exactamente el mismo tipo de trato y de garantías que los mexicanos pueden y deben tener en Estados Unidos o los extranjeros deben tener en México. No más, pero de ninguna forma menos.

El problema de Morett es en todo caso complejo. Si por un lado es cierto que sus lesiones fueron ocasionadas en un ataque ilegal, el campamento de las FARC en el que se encontraba tampoco se ajustaba a la ley en el territorio ecuatoriano.

Aun en el caso de que su presencia haya sido tan inocente como afirma, ni el lugar ni la compañía lo eran. Quienes puedan estar de acuerdo con la propuesta ideológica de las FARC no pueden negar que hoy por hoy es una guerrilla que lucha contra un gobierno legal y democráticamente constituido.

En ese marco, es verdad que la joven tiene todo el derecho a demandar la protección de su gobierno, el mexicano, pero no a demandar inmunidad por ser mexicana, o quedar al margen de las investigaciones iniciadas por el gobierno ecuatoriano por haber sido víctima inocente de un ataque ilegal a una base que era ilegal.

Tal vez la Secretaría de Relaciones Exteriores debería hacer una exposición amplia, detallada, de los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos en el exterior y lo que aplica en el caso Morett. Tal vez debería ser más transparente en cuanto a sus esfuerzos de protección a mexicanos: después de todo, lo único que se conoce son los casos en que pareciera o es indiferente o indolente.

Pero a fuer de ser justos, así como hay muchos en la SRE que se comportan burocráticamente y luego quieren ser beneficiarios de la admiración o el respeto conseguidos por el cuerpo diplomático mexicano, también hay muchos en ella que cuando es necesario ponen su trabajo y a veces hasta su integridad física por los mexicanos en el exterior.

Y si bien sería injusto beneficiar a aquéllos de la buena voluntad obtenida por éstos, también sería injusto culpar a los que trabajan por los problemas de otros.

Mucho más injusto cuando las críticas se originan en la ignorancia o en la conveniencia política, como en el caso de Morett.