| La tensión social que ha generado la escalada del crimen organizado en México ha contribuido a minimizar el debate que tiene lugar en el Congreso estadounidense alrededor de la Iniciativa Mérida. Contra lo esperado, el texto presentado por un demócrata, Howard Berman, en la Cámara Baja fue aprobado dentro del Comité de Relaciones Exteriores. En medio del clima político-electoral y las noticias relacionadas con las ejecuciones e inseguridad nacional, el documento, que aun será discutido en los méritos financieros, está redactado con un lenguaje novedoso que convoca sorpresas por diversas razones. Desde hace casi tres décadas que se prendieron las alarmas en Washington por nuestros avances en la producción y distribución de drogas, la respuesta había sido señalar con dedo flamígero al vecino, atribuyéndonos la responsabilidad inequívoca del crecimiento exponencial de usuarios de estupefacientes. El argumento simplista nos atribuía todos los cargos por la transformación del ciudadano sano, prototipo del estilo de vida nacional, que cayó en la descomposición generada por las drogas mexicanas. El asesinato de un agente de la DEA en Jalisco confirmó las peores hipótesis respecto al contubernio de las autoridades en el tráfico de drogas. Lo que en forma afortunada llamó el entonces procurador García Ramírez la geografía de las culpas se complicó con el procedimiento inaceptable de la certificación anual que realizaba el Capitolio, separando a su conveniencia a los que cooperaban en la lucha contra el tráfico de drogas de aquellos que lo solapaban. El texto aprobado en primera instancia refleja un trabajo efectivo de persuasión conjunta de ambos gobiernos y sus embajadas. Incluye aseveraciones inéditas. A unos meses de la elección presidencial, tiene mérito especial que se acepte por primera vez la responsabilidad compartida en relación con el crimen organizado. Berman propone autorizar recursos por encima de lo solicitado por el Ejecutivo, para fortalecer el estado de derecho y las instituciones civiles en México y América Central. Para ello prevé la transferencia de equipo y tecnología, infraestructura, cooperación en servicios de inteligencia y entrenamiento necesarios para el combate al narcotráfico. La iniciativa de ley, pendiente de aprobación en el pleno, propone la cooperación conjunta para consolidar las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como los programas de prevención de consumo de estupefacientes, rehabilitación y reintegración de adictos. Constituye una sorpresa que se reconocen las características transnacionales del fenómeno al ordenar al Ejecutivo que adopte medidas en los próximos seis meses para enfrentar el consumo interno, el tráfico de armas y de precursores químicos, así como las operaciones “masivas” de lavado de dinero. Al final del lapso otorgado, el gobierno federal deberá informar al Congreso sobre los avances logrados en estos rubros, plasmados por primera vez en una legislación. Si es aprobado en ambas cámaras, será un paso en la dirección correcta en varios sentidos. El reconocimiento de los esfuerzos realizados singularmente por México, aunque destaca las carencias económicas e institucionales de los países centroamericanos, facilita un proceso de educación de los propios legisladores, proclives siempre a responsabilizar a otros de los males internos. Al consignar la tolerancia que supone la existencia de 6 mil 700 negocios autorizados entre Brownsville y San Diego para vender todo tipo de armas a extranjeros, omite señalar la existencia de muchas otras fuentes de abastecimiento, que incluyen ferias abiertas con tolerancia oficial. El cálculo reconocido de que EU aporta 90% de las armas que circulan en la región es un avance innegable, asumiéndose que el resto es resabio del trasiego bélico generado por los conflictos centroamericanos. La infaltable moralina sajona aparece en forma de sanciones anuales por la violación de derechos humanos y libertades fundamentales que puedan realizarse al amparo de la lucha contra el crimen organizado. Se entiende la salvaguardia como cortesía a los detractores históricos de México, misma que supone una ingenuidad inaceptable si se pretende convertir en otra certificación. Conviene reiterar que el proceso legislativo no ha concluido y que se debe mantener el mismo nivel de actividad para lograr el avance de la Iniciativa Mérida como responsabilidad compartida. Este es su verdadero mérito. montesco98@yahoo.com Analista político |
