Editoriales

Hallar 34 toneladas de medicamentos ilegales, varias sustraídas del sector público en la última semana —en sólo dos estados del país—, ha abierto los ojos del gobierno sobre la urgencia de investigar cómo se hizo tal hurto.

Antes de aprobarse las reformas al IMSS y al ISSSTE la administración del presidente Felipe Calderón ofreció como beneficio a la población que los cambios legales mitigarían, entre otras cosas, el desabasto de medicamentos en ambas instituciones.

Buena parte de la escasez se debe en efecto a la falta de presupuesto. Es difícil establecer cuánto corresponde al hurto; pero a juzgar por las toneladas decomisadas (140 en los últimos cuatro años), es factible atribuir a la corrupción buena parte de las pérdidas totales.

Años después de presentarse los indicios del “robo hormiga”, como le llama Miguel Ángel Toscano Velasco, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la institución anuncia “una línea de investigación para saber de qué hospitales o clínicas se están sustrayendo estos medicamentos”. Resulta increíble que dicha indagatoria no haya empezado desde, cuando menos, el sexenio pasado o que, de haber existido, dejara nulos resultados.

La corrupción en el sector público parece también presentarse en el privado: 60% de las 134 toneladas son muestras médicas. La industria farmacéutica las regala a los médicos para promocionar sus productos. Dos sectores pudieron proveer tales medicamentos gratuitos al mercado negro: las empresas o los doctores.

“Pensamos que la industria está haciendo una producción paralela”, dijo Toscano Velasco. Si tal hipótesis es cierta, existe también omisión por parte de la ley o de las autoridades. La industria farmacéutica es quizá la más vulnerable ante anomalías, pues además de enfrentar contrabando para la informalidad está en la mira del narcotráfico por los componentes que dichas empresas emplean, útiles para elaborar drogas.

El gobierno erosiona su credibilidad cada vez que sale a la luz la corrupción de las instituciones, porque mientras se le pide a la sociedad aceptar reformas fiscal, de pensiones o energética —urgentes todas—, los recursos públicos que sostienen a esos sectores terminan en las manos de funcionarios y criminales.

Por más irrebatibles que sean los argumentos a favor de cambios legales en beneficio de todos, poco valen frente a la evidencia del mal manejo del erario.

Los detractores del gobierno pueden tener muchos motivos, pero siempre contarán con apoyo mientras aquél proponga sin demostrar primero un compromiso serio contra la corrupción.