Editoriales

El auge de la economía informal, de los desempleados que se convierten en sus propios patrones para sobrevivir a las regulaciones oficiales, se ve, se siente y se cuantifica: en un año, medio millón de personas se sumaron a esa fuerza laboral, 27.4% de la población ocupada, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Oficialmente son 11.9 millones de personas, pero según la Organización Internacional del Trabajo, son más del doble: 25.5 millones.

Es un número similar al de quienes emigran en busca de empleo. Lo bueno es que no todos los desempleados optan por las filas de la delincuencia organizada, como a veces dicen las autoridades.

Es larga la historia de la economía informal, pero ahora es llamativa por su dimensión y por el interés del gobierno en gravarla, directamente o a través de sus movimientos bancarios.

Las causas mejor identificadas de la economía informal son tanto las insuficiencias del modelo de desarrollo como el exceso de regulaciones y trámites para establecerse debidamente, la corrupción y las posibilidades de clientelismo electoral ante las autoridades.

Abrir un negocio en México requiere 15 trámites contra dos en Canadá, 67 días acá contra dos allá, y tiene un costo 50 veces mayor en relación al PIB.

La economía informal puede facilitar la venta de mercancías robadas o de contrabando, piratas o de uso ilegal.

La autoridad sólo actúa contra el comercio informal con medidas represivas, pero rara vez golpea la raíz de las redes abastecedoras y menos modifica las condiciones que lo propician.

Nos urgen las inversiones, pero mantenemos los múltiples e innecesarios pasos que complican y encarecen la regulación y el correspondiente pago de impuestos y derechos.

Tampoco ajustamos la política económica a nuestras necesidades, sin chocar obligadamente con las propuestas de los organismos financieros internacionales.