| La lucha por los derechos humanos se ha vuelto un problema fundamental de nuestra cada vez más débil democracia. En lo que hace unos años fue un logro, como el hecho de abrir el país a la observación internacional en materia de derechos humanos, hoy en día se da marcha atrás. Así lo muestra la inminente salida del país del alto comisionado de Naciones Unidas, Amérigo Incalcaterra. La hipótesis es la siguiente: el gobierno de Felipe Calderón mostró su desacuerdo con las denuncias del funcionario de Naciones Unidas, y la gota que derramó el vaso parece que fue porque Incalcaterra criticó los operativos militares y señaló que el “uso del Ejército en tareas de seguridad pública, por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse, que son violaciones a los derechos humanos”. Con ello se generó molestia en la Secretaría de la Defensa y el funcionario fue llamado a Relaciones Exteriores, donde se le leyó la cartilla: “No más críticas a las Fuerzas Armadas, porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de Estado” (El País, 08/V/08). En conclusión: la guerra contra el narcotráfico subordina a los derechos humanos. La política calderonista hace buen equipo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución que de acuerdo a la evaluación de la organización Human Rights Watch (HRW), se trata de un elefante blanco, caro, con uno de los mayores presupuestos a nivel internacional, pero con una abierta incapacidad y actitud pasiva y callada ante la violación de los derechos humanos. En suma, un enorme desperdicio de recursos económicos y jurídicos. La defensa de los derechos humanos se ha convertido en un campo de lucha. En el otro extremo de la Comisión Nacional tenemos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que acaba de presentar un amplio y documentado diagnóstico sobre los derechos humanos en la capital del país. Se trata de un documento de 895 páginas producto de varios equipos de trabajo, un esfuerzo colectivo de enormes dimensiones, coordinado por la CDHDF, que representa una experiencia única a nivel internacional. Existen diagnósticos de países, pero no a nivel local y menos de una ciudad. Un buen diagnóstico puede ser el inicio de una serie de transformaciones en la lucha de derechos humanos. Las reglas del juego no hacen los cambios por sí solos, pero sin buenos instrumentos resulta muy difícil implementar políticas públicas en el sentido correcto. La estructura de este diagnóstico tiene varias dimensiones: los temas estructurales de la ciudad, una visión sobre su territorio, sus variables sociodemográficas, sus instituciones públicas y la sociedad civil. A partir de esta base se establece el marco general de derechos seguridad humana, es decir, los derechos para que los habitantes de esta ciudad puedan tener calidad de vida, como un medio ambiente sano, derecho al agua, a una vivienda adecuada, a la educación, al trabajo, a la salud, derechos sexuales y reproductivos. En cada uno estos capítulos se establecen el marco jurídico, los acuerdos internacionales en la materia, las instituciones responsables, así como los mecanismos que hacen justiciable el derecho. A continuación se establece otra parte sobre los derechos políticos: problemas de igualdad, no discriminación, información y libertad de expresión. En la siguiente parte se habla del sistema de justicia, la integridad, la seguridad, el acceso, el derecho al debido proceso y los centros de reclusión. Antes de llegar a las conclusiones, se analizan varios capítulos en donde se trata a los sujetos de los derechos: mujeres, niños, jóvenes, indígenas, minorías sexuales (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales), grupos callejeros, adultos, discapacitados, migrantes y refugiados. Cada uno de estos derechos significa un reto, luchas que cotidianamente dan miles de personas y organizaciones que quieren una ciudad con mayor calidad de vida y una democracia que tenga en el centro una vida pública con una perspectiva de derechos humanos. Las conclusiones del diagnóstico son un conjunto de tareas pendientes en donde se señala las principales batallas que hay que librar. Sólo para ejemplificar el tipo de reto que tiene la sociedad y el gobierno retomamos algunos de los problemas de la agenda: los ciudadanos desconocen sus derechos y no hay cultura de denuncia; hay vacíos y poca articulación entre los marcos normativos a nivel federal y local; incapacidades humanas, financieras e institucionales para vigilar el cumplimiento de la legislación, así como una falta de “dientes” por parte de la comisión para hacer cumplir sus recomendaciones; ignorancia del Poder Judicial local sobre el derecho internacional y regional para aplicar sus herramientas; corrupción y falta de imparcialidad en los órganos de justicia, así como una ausencia de coordinación entre poderes Ejecutivo y Judicial para aplicar sanciones a quienes violen la normatividad. Hay problemáticas en donde no existen diferencias si se trata de un gobierno de derecha o de izquierda, panista, perredista o priísta, como sucede con el mundo laboral. Sin embargo, en el tema de los derechos humanos sí puede haber diferencias notables. El reto sería convertir este diagnóstico en un modelo que pueda ser reproducido en todo el país, sobre todo si no queremos que la débil democracia mexicana se convierta sólo en un juego partidocrático, en donde las partes sustantivas, los derechos humanos, se queden al margen. Esa es la batalla de esta y la siguiente generación. No sobra decir que en la presentación de este diagnóstico hubo una cerrada ovación de pie, que se prolongó durante varios minutos, para Amérigo Incalcaterra. Investigador del CIESAS |
