| La desigualdad social y política en América Latina es el más grave problema que enfrenta la región. ¿De qué sirve tener gobiernos electos democráticamente si los sistemas políticos y las instituciones públicas no contribuyen a conseguir la igualdad política de los ciudadanos? Las visiones conservadoras de la democracia política suelen limitarla casi exclusivamente al control ciudadano del poder político mediante elecciones periódicas. Este minimalismo es del todo insuficiente para dar cabida al ideal democrático. Según el ya clásico crítico y politólogo estadounidense Robert Dahl (On political equality, Yale University Press) la finalidad de la democracia es promover (y conseguir) la igualdad de todos los miembros de la comunidad política frente al ejercicio del poder. Limitar la democracia a su mínima expresión, ignorar deliberadamente las formas que la obstaculizan en el régimen político y las circunstancias económicas, sociales y culturales que le rodean conduce inevitablemente a convertir la democracia en oligarquía. Si no se instituyen las acciones y los métodos políticos para hacer valer el derecho esencial a la igualdad política es seguro que aquellos que ejercen el poder y controlan sus recursos terminen por encaminar el régimen a la satisfacción y cumplimiento de sus intereses exclusivos y excluyentes. La diferencia entre las democracias desarrolladas y las subdesarrolladas reside precisamente en que en las primeras la sociedad política tiene un grado superior de incorporación de los intereses de la diversidad de los ciudadanos, mientras que las segundas suelen agregar solamente a un puñado de privilegiados que se dedican a la conservación de sus intereses. Este segundo caso es el de la mayoría de los países de América Latina. Con democracias jóvenes y precarias, con niveles muy acusados de desigualdad económica y social y con gran disparidad en el ejercicio de los derechos fundamentales y en el acceso a la justicia, América Latina ofrece el panorama de un verdadero desastre sociopolítico. No debe extrañar el que frecuentemente los sistemas políticos destruyan las formas democráticas bajo la influencia de líderes carismáticos e iluminados. Es precisamente la incapacidad para “rutinizar el carisma” (Max Weber) lo que conduce a la polarización social y política y, lo que es peor, a la tiranía. ¿Qué hay en los estados latinoamericanos que los hace incapaces de armonizar democracia y desarrollo económico y social moderno? La respuesta está en el poder de las élites económicas y políticas para conservar el control de los dispositivos fundamentales del sistema político con la finalidad de proteger privilegios. En la otra cara de la moneda se sitúan vastos sectores sociales, especialmente las clases trabajadoras y sectores medios, excluidos del acceso a los mecanismos de control del gobierno del Estado. Independientemente de que todos los ciudadanos tengan acceso al voto, los sistemas políticos no aportan las instituciones que los faculten para participar en condiciones de igualdad en el ejercicio representativo del poder. Más de la mitad de los 579 millones de habitantes de América Latina viven en Brasil y México. Ambos países son ejemplos de profunda desigualdad social. Según cifras de Cepal (Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2007, Santiago, Chile, 2008) entre 1990 y 2006 el coeficiente de Gini (con el que se mide la desigualdad social) bajó en Brasil de 0.627 a 0.602 y en México de 0.536 a 0.506. Si bien se redujo mínimamente la desigualdad, es evidente que en los dos países más poblados de la región hay una inequidad social inaceptable para cualquier demócrata digno de ese nombre. En el resto de la región las cosas no son muy distintas. El monto y el impacto de los recursos fiscales del Estado sobre la desigualdad social presentan una realidad desalentadora. El Banco Mundial (Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?, Banco Mundial, 2003) indica que en la década pasada los gobiernos centrales recaudaban por contribuciones tributarias el 15.15% del PIB, mientras que los países desarrollados recogían el 28.7%. La relación entre gasto social como porcentaje del PIB y la proporción del gasto público destinado al sector social coloca a los países latinoamericanos en posiciones vergonzosas. En México, el gasto público total se ubica por debajo del 20% del PIB y destina sólo el 9.1% a gasto social, lo que lo asemeja con Guatemala y Paraguay. La baja recaudación, la escasa cantidad de recursos destinados a gasto y seguridad social, la desigualdad persistente y la mala distribución del ingreso revelan una condición que empata y retroalimenta la desigualdad política de los ciudadanos. Una mirada rápida a los países desarrollados permite observar que en todos ellos las diferencias entre desigualdad social antes y después de la aplicación del gasto social son de gran magnitud. Por ejemplo, en Bélgica, si excluimos impuestos y transferencias, el coeficiente de Gini sería de 0.527 (es decir, tan desigual como México), pero si se incluyen, el coeficiente se reduce a la mitad. Lo mismo pasa con Australia, Italia, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Japón, entre otros. No hay duda alguna de que la reducción de la desigualdad social descansa sólo parcialmente en la dinámica de la economía y de manera muy relevante en las contribuciones fiscales y en la aplicación atinada de los recursos a la atención de las necesidades sociales. En pocas palabras, en la intervención pública sobre la vida social. Esto es algo que no han aprendido la mayor parte de las democracias latinoamericanas. De ahí su fragilidad y el fundamento material de su degeneración en oligarquías. ugalde@servidor.unam.mx Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM | 
