| Con la complaciente omisión del gobierno calderonista y la de su partido, el PAN, los ejecutivos de Jalisco y de Guanajuato se refocilan en el fascistoide reto yunquista de violar, de manera impune, la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El Cerro del Cubilete es la pugnaz trinchera favorita del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, empeñado como está en promulgar la abolición de la legalidad laica, modernizadora del país. Con un desafiante rechazo al principio republicano de la tolerancia religiosa (una de las columnas del todavía inconcluso edificio democrático mexicano), el Ejecutivo local ha participado en servicios religiosos celebrados en ese monte, emblema del sinarquismo y meca de los cristeros a lo largo de la sangrienta rebelión armada, urdida por el clero político contra las leyes y las instituciones constitucionales de la República. Ligado en lo político y en lo económico a José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León (antiguo obispo auxiliar de Guadalajara en tiempos del cardenal Posadas), el gobernador guanajuatense, con obstinada insistencia, ha borrado las fronteras jurídicas trazadas entre sus funciones y obligaciones republicanas y su íntimo fervor religioso. Ha confundido, de modo deliberado, el ejercicio de la libertad de cultos —protegida por nuestras leyes— con la altiva ostentación de su fundamentalismo neocristero ejercido en el curso de diversas actuaciones públicas suyas, violatorias de la Constitución de manera explícita. La conculcación de los ordenamientos republicanos en esa entidad arranca de muy atrás. Entre innumerables episodios, recuérdese el incendiario fervorín político-religioso imprecado hace algunos años por Carlos Medina Plascencia, entonces gobernador panista del estado, a quien la zumbona y mordaz crítica ciudadana guanajuatense adosó un tan ingenioso como preciso y precioso apodo: El Divino Rostro. En Guanajuato se malversan dineros públicos y se entregan al arzobispo de León con el inocultable propósito de consagrarlos a la construcción del llamado Templo Expiatorio —¿qué culpas querrán estos señores borrar de su conciencia?—, aunque el gobernador de aquel estado y el alcalde de la ciudad pretendan enmascarar un donativo tan palmariamente ilegal. Ese acto de caridad farisaica viola disposiciones hacendarias y presupuestales de Guanajuato y burla, sin embozo, la normativa federal vigente. Y todo ello bajo el sagrado palio de un supuesto apoyo a la construcción y a la restauración de templos y de atrios. Y, como los recintos católicos de Guanajuato, entre ellos el de la Iglesia de la Compañía —con su prodigiosa cúpula— o la bellísima Basílica, son parte integrante del patrimonio nacional, los devotos gobernantes panistas desvían fondos del erario con la ruidosa y ruinosa intención política (con eufemismo mendaz aluden a un fantasmagórico “fomento al turismo religioso”) de multiplicar sus complicidades, económicas y de negocios, con los segmentos cavernarios de la derecha empresarial lugareña. Todos ellos impulsados, en el fondo, por el doloso propósito de alcanzar, a la mala, rentabilidad en las elecciones federales legislativas del año entrante. Y eso, a través de la indecorosa manipulación del genuino sentimiento religioso del pueblo guanajuatense. La negligente Secretaría de Gobernación y los hasta hoy silenciosos diputados al Congreso del estado, al incumplir sus obligaciones jurídicas y políticas en la materia, son cómplices de los graves quebrantos constitucionales perpetrados por el gobernador panista de Guanajuato. Analista político |
