| De acuerdo con las proyeccio-nes de la Comisión Económica para América Latina, un incremento de 15% en los precios de los alimentos en 2008 elevaría la indigencia en 15.7 millones de latinoamericanos; y otros 15 millones pasarían de la clase media a la pobreza. Aun si los ingresos de los hogares aumentaran 5%, la indigencia se incrementaría en 10.6 millones de latinoamericanos y la pobreza no extrema en otros 10 millones. Se trata de parámetros que describen la vulnerabilidad alimentaria de América Latina, pero que a la vez son realmente probables en 2008. En México los riesgos son enormes. De acuerdo con las mediciones, más bien conservadoras, de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social, 14 millones 428 mil 436 mexicanos viven en la indigencia, también denominada “pobreza alimentaria”, definida como el segmento social “cuyo ingreso es menor del necesario para cubrir las necesidades de alimentación establecidas en la canasta alimentaria básica de INEGI-Cepal”. Además, otros 30 millones 249 mil 448 mexicanos padecen pobreza no extrema, formando un total de 44 millones 677 mil 884 de mexicanos en pobreza. Para los indigentes, cualquier carestía alimentaria no compensada por un incremento equivalente en los ingresos de los hogares repercute directamente en un menor consumo de comida, en cantidad o calidad. Para colmo, se estima que más de la mitad de los “pobres entre los pobres” no reciben ayuda alimentaria de programas gubernamentales como Oportunidades, DIF, Liconsa y Diconsa, ni de organismos civiles (véase EL UNIVERSAL, 5/V/08). Para los pobres no indigentes, la carestía afecta también su consumo de alimentos, porque otras partidas del gasto familiar son irreductibles (renta de vivienda, costo del transporte, etcétera). De allí que todos los pobres en México y el planeta sean vulnerables a la carestía alimentaria. Por eso, el alza dramática de los precios internacionales de los alimentos es percibida como una catástrofe: de acuerdo con las más recientes cifras de la FAO, los cereales se han encarecido 84.9% entre febrero de 2007 e igual mes de 2008; los aceites y grasas 100.1% y el conjunto de los alimentos 57.6%. En México han aparecido ya los primeros signos de una emergencia alimentaria. En primer lugar, la relación salarios/precios de los alimentos se ha deteriorado: entre la primera quincena de abril de 2007 e igual periodo de 2008, los precios de los alimentos crecieron 8.3%, pero los salarios mínimos sólo crecieron 4% y los contractuales 4.1% (los aceites se encarecieron 41%; el pan blanco, 16%; el huevo 24%, etcétera). En segundo lugar, el valor de las importaciones de alimentos —que había saltado de 2 mil 755.7 mdd anuales en el trienio 1980-1982 a 14 mil 309.9 mdd en el trienio 2004-2006— brincó a 19 mil 325.3 mdd en 2007 y de 2 mil 689.7 mdd en el primer bimestre de 2007 saltó a 3 mil 755.8 mdd en igual periodo de 2008. El dramático crecimiento de la dependencia alimentaria de nuestro país es consecuencia natural de los programas neoliberales de “ajuste estructural” aplicados con fanática perseverancia en el campo en el último cuarto de siglo. En vez de incrementar la oferta interna de alimentos por habitante, como esperaban sus promotores, el experimento neoliberal redujo la oferta interna per cápita de alimentos: en el trienio 2005-2007, la producción per cápita de los ocho principales granos resultó 10.2% menor que la del trienio 1980-1982; la producción de carnes rojas resultó 25.9% menor, etcétera. Frente a estas realidades, una postura consiste en negar la emergencia alimentaria, aduciendo que no hay desabasto ni gente muriéndose de hambre en las calles. La segunda postura consiste en afrontar resueltamente la emergencia alimentaria. Una dimensión de la tarea radica en la atención alimentaria emergente de los grupos más vulnerables y el cuidado del abasto nacional de alimentos básicos a precios accesibles para los demás pobres y la clase media baja. Crear reservas estratégicas de granos; frenar resueltamente las prácticas especulativas de las grandes compañías compradoras, y canalizar subsidios a los principales alimentos básicos son acciones urgentes y perfectamente factibles. Además, es necesario desplegar un programa integral de fomento rural que abra los cauces del desarrollo agropecuario sostenido con equidad. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM | 
