| El pasmo institucional creado por la toma de las tribunas del Congreso de la Unión por parte del Frente Amplio Progresista (FAP) promete agudizarse próximamente. Surgirá, de las acciones que planea el FAP, un nuevo cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones del país. Vale subrayar que el enfrentamiento del FAP ya no es, a partir de la toma de las tribunas, sólo para con el presidente Calderón y el Ejecutivo federal. Se cuestiona la legitimidad de todo el andamiaje institucional del país, poderes Legislativo y Judicial incluidos. Es una nueva etapa de la ofensiva de López Obrador por derrocar al gobierno legalmente conformado y asumir, él mismo, el poder del Estado. Aunque bajo condiciones radicalmente distintas, López Obrador está siguiendo las lecciones, tácticas y estrategias de Evo Morales en Bolivia. Morales logró articular un movimiento que atravesó a la sociedad boliviana y conjuntó voluntades en torno al problema energético de Bolivia, el histórico reclamo por una salida al mar y la subrepresentación política de la población indígena de aquel país. En ese entonces, Morales propuso dar “autonomía” a las etnias a fin de que pudieran ejercer una suerte de autogobierno en sus zonas de influencia en el país. Para lograr sus objetivos, organizó un movimiento que derrocó a dos presidentes y culminó en que él fuera electo Ejecutivo federal. Como tal, ahora se opone al referéndum recientemente realizado en la provincia de Santa Cruz. En la nueva etapa del enfrentamiento del FAP con la institucionalidad política de México se exigirá la realización de un referéndum popular como la única vía para decidir sobre la política petrolera. Se pondrá como condición la realización de este evento y, acto seguido, se amenazará: cualquier otro tipo de “aprobación” de la legislación energética será vista como traición a la patria y el pueblo se movilizará en tanto sea necesario para derrocar al gobierno federal y a las instituciones que dieron su aval. La línea y consecuencia lógica de tal acción es que el FAP deberá desconocer formalmente al Poder Legislativo y, de pasada, al Judicial. López Obrador ha dicho que la iniciativa del presidente Calderón sobre los energéticos no pasará, al igual que cualquier otra iniciativa. El FAP no ha presentado una alternativa energética puesto que su idea no es negociar partes de su oferta por partes de la otra. No. Su idea es utilizar el tema petrolero para desgastar al gobierno y desconocer al Estado mexicano. Y eso no se logra presentando una alternativa para su discusión y debate. El FAP ahora ha invitado a un debate de dos días sobre el tema petrolero, cuando proponía un debate en el Congreso de 120 días. Obviamente tampoco le interesa el debate. Le interesa paralizar al país y los procesos institucionales bajo el ambiguo supuesto de que de ahí sacará una ventaja política para destruir las instituciones básicas del régimen político mexicano. Por lo tanto, es fácil deducir que tampoco le interesa, ni le ha interesado nunca, la reforma del Estado, farsa inventada para encubrir otros debates subterráneos cuyas conclusiones nunca se conocerán. Así como Morales reprueba y rechaza el referéndum como método para dirimir disputas, en México el FAP afirma y jura que la única manera en que aceptará una solución al tema energético es a través del referéndum. No iré tan lejos como para afirmar que existe una contradicción entre supuestas izquierdas de América Latina, pero se podrá demostrar que el FAP mexicano, que no representa ni a los jóvenes ni a los excluidos, está en un rumbo de choque frontal con las instituciones políticas fundamentales, y busca, dentro de sus propósitos, ser reprimido. López Obrador no está pensando en las elecciones de 2009 o 2012. Está pensando en derrocar al gobierno mexicano con una insurrección, de ser posible, antes de las elecciones de 2009. Esta definición estratégica va cobrando fuerza dentro de su grupo cercano, que ya se prepara, estado por estado y con recursos del Estado, para tomar instalaciones del gobierno, bloquear las carreteras del país e, incluso, aislar al DF del resto de la población. Y no es tan difícil lograrlo. La justificación será la aprobación de una ley sobre Pemex, la ley que sea y con el contenido que sea. No importa. La concepción detrás de esta operación es la imposición de un gobierno nacional con López Obrador a la cabeza. Ante la frase “el movimiento soy yo” se secunda con la perla autoritaria de Leonel Cota: “El que cuestiona a López Obrador es traidor a la patria”. La disyuntiva histórica se acerca con velocidad vertiginosa: o se impondrá la institucionalidad legal vigente en México o se caminará a la imposición de un gobernante cuyo mandato fenecerá solamente con su desaparición física. ricardopascoe@hotmail.com Analista político |
