| El escenario político que hemos observado en las últimas semanas nos deja a los ciudadanos comunes una extraña sensación de impotencia y desconcierto. Menciono algunas pinceladas. El Poder Ejecutivo envía una iniciativa al Congreso proponiendo una reforma energética. Las cámaras son entonces tomadas y se anuncia una movilización popular de defensa de nuestro patrimonio. En el mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia está recibiendo a quienes promovieron la inconstitucionalidad de una ley sobre el aborto aprobada en la Asamblea Legislativa del DF y a quienes defienden dicha ley. Uno de los partidos, protagonista incuestionable en ambos procesos, vive mientras tanto un doloroso y trágico enfrentamiento interno. Lo más extraño es que todo ello se realiza a nombre de nosotros, los ciudadanos mexicanos. Los miembros de las cámaras y de la asamblea, según su naturaleza misma, nos representan a nosotros, y son mantenidos con sumas millonarias por los ciudadanos. En los dos casos mencionados existe una iniciativa que se discute, y en la que la palabra última la tienen nuestros representantes. Cualquier observador imparcial podría cuestionar por qué se critica el “mayoriteo” que se habría estado fraguando por quienes promueven la apertura de capital privado en el manejo del oro negro y no se cuestionó cuando sirvió para establecer una ley en la que lo que se ponía en juego era la vida humana. Lo cierto es que en las diversas situaciones existe la sospecha de dobles intenciones de los actores involucrados, ya sean políticas o de interés económico. Y esto acentúa lo difícil de la situación. Algunos advierten que hemos pasado del monopolio de un partido político al monopolio de varios partidos políticos. El IFE, institución que habría surgido con la genial intuición de un verdadero control ciudadano, habría quedado en las últimas reformas a merced del control de los partidos. Ignoro hasta qué grado esta apreciación sea verdadera, pero lo cierto es que la desazón generada por los partidos pareciera desaconsejar la intervención más clara y decidida de los ciudadanos en la vida de los partidos, cuando lo más urgente es precisamente la “ciudadanización” de los procesos públicos en nuestro país, incluyendo la vida de los partidos. Los ciudadanos debemos participar más. A estas alturas, me genera una enorme curiosidad conocer realmente qué piensa la población sobre los temas en cuestión. Más allá de las encuestas de opinión, que tienen su utilidad pero también presentan en ocasiones datos dudosos, sería interesante que pudiéramos contar con más instrumentos para conocer el verdadero parecer de la población. Aunque creo que también los grupos mayoritarios pueden cometer errores, y que debemos orientarnos por algunos principios que son anteriores a los acuerdos humanos; la participación consciente, informada y responsable de los ciudadanos daría una mayor garantía a la toma de decisiones cruciales. Sobre los casos mencionados, ¿qué pensamos realmente los ciudadanos comunes? ¿Qué tan informados y decididos nos encontramos realmente? En este momento, en el que está siendo realmente difícil para nuestro país lograr un equilibrio real entre los tres poderes, en el que el desencanto parece romper el interés y la participación ciudadana en la res publica, el planteamiento serio de un instrumento como el referéndum adquiere una importancia vital. Tal vez nos dejaría ver qué tan lejos nos encontramos de ser realmente representados por los políticos y por qué nuestra participación es cada vez más necesaria. teyamoz@prodigy.net.mx Sacerdote y teólogo católico | 
