| Desde 1993, la ONU de-claró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. No es celebración, sino recordación de una batalla permanente. Fue a petición de la Unesco en 1991, que de esa manera quiso conmemorar la Declaración de Windhoek (Namibia), en la que se reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática y un deber que los Estados nacionales. Luego, en 1997, para complementar esa recordación la Unesco creó el Premio Mundial de Libertad de Prensa “Guillermo Cano”, en honor al periodista y editor colombiano asesinado a causa de su trabajo informativo y de denuncia sobre el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, esa que es hoy la tarea indagatoria más peligrosa del ejercicio periodístico. Por eso no es casualidad, sino mérito indiscutible que como en 1999, Jesús Blancornelas fuera el primer mexicano en recibir esa presea, ahora en 2008 la reciba Lydia Cacho en reconocimiento a su denuncia sobre las redes del tráfico de menores. Ayer se realizó la ceremonia de premiación en Maputo, Mozambique, de donde también emergió un nuevo recordatorio a los estados miembros de la UNESCO, México por supuesto, para que pongan en marcha políticas que favorezcan la libertad de expresión y el acceso a la información, en cuanto a subrayar que los gobiernos sean transparentes, rindan cuentas a la sociedad y permitan el acceso público a la información. Esa declaración signada por 150 profesionales de la información de rodo el mundo enfatiza el papel de los medios de servicio público, los comerciales y los comunitarios para que todos los miembros de la sociedad, incluidas las poblaciones marginadas, puedan hacerse oír y participar en los procesos de toma de decisión. El llamado no puede ser más oportuno ahora que, de manera insólita, se acumularon en el Congreso mexicano iniciativas en torno de la garantía del derecho a la información en sus más diversas vertientes, que los legisladores deberán desahogar en el próximo periodo de sesiones que será el primero del último año de ejercicio legal de la actual LX Legislatura Federal, de septiembre a diciembre de 2008. De entre ese paquete de propósitos legislativos me parece importante destacar uno que, por la recordación a que nos invita la ONU y el exhorto desde Mozambique, daría una enorme oportunidad al Legislativo de concretar en hechos su compromiso con la libertad de prensa, pues tendría un enorme impacto en la garantía de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y en particular de la libertad de información de los periodistas. Es una iniciativa presentada por un joven senador del PAN, Marko Cortez Mendoza, quien además de ser secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, pertenece a la de Asuntos Editoriales y a la Bicamaral para el Canal de Televisión del Congreso. Cortez propone crear una Ley sobre la Libertad de Conciencia de los Profesionales de la Información, lo que en otros países se conoce como la “claúsula de conciencia”. Se trata de una salvaguarda esencial para los informadores frente a los cada vez más grandes, poderosos y cambiantes intereses políticos y económicos de las empresas periodísticas. “En caso de que los directivos les exigieran realizar trabajos que sean contrarios al código de ética o se hagan cambios sustanciales en la línea editorial, los trabajadores podrán negarse a realizarlos. La ley sobre la libertad de conciencia garantizará que el profesional de la información, siempre que sea de manera justificada, podrá poner fin a su relación laboral equiparable a un despido injustificado”, explica Cortez en la exposición de motivos de la Ley que contiene diez artículos y hace competentes para resolver los conflictos derivados de su aplicación a las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. Por supuesto que causará polémica y no faltará quien entre sus propios colegas de bancada arguyan a nombre de los propietarios de los medios que tal pretensión violenta la libertad de empresa. Así ha sucedido en otros lugares del mundo donde este derecho se consagra incluso en la Constitución, como es el caso español. La censura y los ataques informativos sin asidero que otrora eran el modus operandi del gobierno se han trasladado al ámbito de aplicación directa de los propietarios de medios, quienes ahora las ejercitan directa e indirectamente y no sólo referidas a sus cálculos políticos, intereses económicos, sino a sus mismísimas convicciones religiosas. Bien lo dice el senador Cortez: “Para poder garantizar el derecho a la información al ciudadano se requiere que los profesionales de la información puedan trabajar con verdadera independencia”. Profesor de la FCPyS de la UNAM | 
