Editoriales

Los publicitados programas oficiales para aliviar la pobreza, de suyo limitados, suelen naufragar por la desalmada voracidad de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlos, desde la Secretaría de Desarrollo Social hasta los ayuntamientos.

Sexenalmente, el programa es el mismo, con nuevo nombre, desde Solidaridad, financiado con parte de los recursos provenientes de las privatizaciones de las empresas del Estado —“vender los bienes para remediar los males”, se decía hace 20 años—, Progresa, Oportunidades y, hoy, Vivir Mejor.

Como siempre, resultan ser funcionarios los que antes que nadie logran vivir mejor. A principios de su gobierno, el presidente Felipe Calderón, vestido como indígena y con un collar de semillas rojas, ofreció pavimentar los pisos de las viviendas de los pobladores de Hueytlalpan, Puebla, en la región de Cuetzalan, en los límites con el norte de Veracruz. Los habitantes se identificaron con su credencial de elector, como para que la vinculación entre apoyo y voto quedara claramente establecida.

Hueytlalpan es uno de los cien municipios más pobres de México, escogidos para ejecutar cien acciones de auxilio.

A casi un año de la promesa llegaron arena y grava, pero seis meses después el cemento no aparece. Entre tanto, los negros tinacos para el agua que formaban parte del paquete de ayuda fueron vendidos a 150 pesos cada uno por el presidente municipal.

Y si la Sedesol, dependencia encargada de los trabajos, no se esmera por cumplir con una acción en la que el Presidente de la República empeñó directamente su palabra, es ingenuo esperar mejores resultados con el resto del programa.

Sin embargo, es lo único que por el momento se ofrece, antes de resolver las causas de fondo de la miseria.