| Los romanos, con el genio práctico que hizo de ellos un Estado fuerte en épocas tempranas de la civilización, acuñaron los más importantes principios que, todavía hoy, dan vida a nuestro sistema jurídico. Uno de esos principios se enunciaba de una manera fácil: Nemo auditur turpitudinem allegans, “no debe ser escuchado el que alega su propia torpeza”; es decir, no es admisible argumentar las propias deficiencias y actos contrarios a la ley y a las rectas prácticas para justificarse u obtener ventajas; en otras palabras, ya cientos de años antes de Cristo los romanos habían proscrito el cinismo como causa argumentantiva. Hoy, más de 2 mil años después, parece que esta regla básica se ha olvidado. Todos tenemos derecho a hacernos una imagen histórica de nuestro país, defender nuestra idea del pasado y obrar en consecuencia; la Constitución garantiza la libertad de cultos y creencias y todos estamos de acuerdo en que la práctica religiosa es un derecho fundamental que no puede ser violentado; sin embargo, en un Estado laico, el poder público no tiene creencias religiosas ni puede fomentar culto alguno; menos aún emplear dinero del erario público para fomentar una religión o favorecer a un grupo religioso. Hacerlo redunda en violación de las sanas prácticas democráticas y es una ofensa para quienes han decidido optar por otra religión o por ninguna. Cuando el gobernador de Jalisco se atreve a declarar públicamente que ha empleado el dinero recaudado entre los ciudadanos para construir el Santuario de los Mártires Cristeros, es tiempo de volver a los fundamentos de nuestra concepción política y revisar si estamos cumpliendo con las normas básicas que dan identidad a nuestra vida pública. Peor aún, argumentar que, en efecto, se ha tomado ese dinero por convicción propia no es razón suficiente; escudarse en que en otros tiempos así se hizo y entonces no sucedió nada es enviar un mensaje irresponsable a la sociedad, indicándoles a los ciudadanos que pueden actuar en contravención de la ley siempre que tengan la conciencia tranquila. En un estado de derecho, las convicciones personales, los intereses propios y los deseos de cada uno tienen un límite: el cumplimiento de las normas jurídicas obligatorias; argumentar en contrario es caer en el cinismo; el caso es grave no sólo por cuanto implica el desprecio del derecho, sino porque reaviva una discusión que hace tiempo debimos haber superado y, sin embargo, ante estos hechos omitir esta discusión es volver a dar carta abierta al cinismo como razón y al poder por sí mismo como mecanismo político. fernando.serrano@cide.edu Profesor de la UNAM, Colmex y CIDE | 
