| Hemos venido advirtiendo desde hace varios años sobre la crisis de seguridad que ahora se encuentra en uno de sus niveles más álgidos, con motivo del enfrentamiento brutal y la matanza inmisericorde entre sicarios del narcotráfico, que se hallan fundamentalmente vinculados al “narcomenudeo”, que se disputa a sangre y fuego cada calle, cada colonia y cada municipio del país, mientras los delitos del fuero común se multiplican silenciosa y constantemente. Este fenómeno, como ya lo hemos señalado en innumerables ocasiones, se debe a la tr ansformación del narcotráfico en México, que pasó de ser un país de producción de mariguana y heroína, y tránsito de cocaína, para convertir su territorio en un mercado inmenso de consumo en el que más de 105 millones de habitantes ya somos el rehén de la brutal mecánica de ese “capitalismo salvaje” del crimen organizado y desorganizado, que en este momento ya puede producir drogas sintéticas en cualquier patio de vecindad en una cacerola y con diversos ingredientes comerciales, a costos ínfimos. Para que este fenómeno delictivo, que se ha multiplicado en más de 1000% en los últimos tres años, pueda crecer en esa forma desmesurada se necesita un componente fundamental, que es el de la complicidad y el encubrimiento de un buen número de miembros de las corporaciones e instituciones que se supone deben combatir los delitos, mientras esas entidades burocráticas se debaten en conflictos internos y en su falta de resultados, en medio de constantes escándalos de corrupción. La evidencia de esta realidad la ha podido documentar con precisión el Ejército mexicano, que ha demostrado en reiteradas ocasiones la vinculación de policías y agentes de diversas corporaciones y del Ministerio Público con la estructura delictiva; lo que ha refrendado también al detener en forma masiva a cuerpos completos de agentes municipales y locales en diversas entidades del país; donde existen más de 350 mil policías frente a un número reducido de organismos federales, que también enfrentan diversos problemas de esa naturaleza; y en tal contexto es donde se están dando las masacres que a diario reportan los medios. Este fenómeno persiste a pesar de la presencia del propio Ejército, que se traslada de un lado a otro del país para contener los casos más evidentes de violencia y brutalidad, pero que no puede, ni por su número ni por su estructura funcional, realizar las tareas cotidianas que están encomendadas a las diversas policías y al Ministerio Público. Frente a este desbordado incremento en la criminalidad, las recientes reformas legislativas dejaron intocadas la estructura policiaca nacional y la impunidad del ministerio público, que es donde se halla 98% del problema; y lo único que se legisló en ese ámbito fue sobre la posibilidad de que los gobernadores puedan controlar eventualmente a las policías municipales, lo cual queda en el marco de la lucha del poder y para nada en la defensa de la seguridad pública. Ante este desastre, ¿cuántos millones de adictos, cuántos millones de delitos y cuántos miles de ejecutados se necesitarán para que nuestros “legisladores” dejen a un lado momentáneamente sus reyertas y sus intereses para ocuparse de este país de víctimas y de impunidades? editorial2003@terra.com.mx Doctor en Derecho | 
