Editoriales

La sensatez, para tranquilidad de todos, comienza a dar sitio a la negociación y a postergar la violencia primitiva, por lo menos en un caso.

El presidente Felipe Calderón aceptó la propuesta de diálogo del EPR, que además se compromete a suspender sus actos de sabotaje y terrorismo, con los cuales el año pasado reveló una insospechada capacidad de coordinación para volar oleoductos sin causar víctimas.

El gobierno también aceptó que en las negociaciones participen, como testigos sociales, la senadora Rosario Ibarra, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el historiador Carlos Montemayor y el arzobispo emérito Samuel Ruiz, propuestos como intermediarios por el EPR, que demanda la devolución de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Anaya, presuntamente detenidos y desaparecidos hace 10 meses.

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, reiteró que el gobierno federal no tuvo injerencia en esos actos, y que los investiga, al igual que los atentados a instalaciones de Pemex.

El diálogo planteado es la fórmula adecuada para resolver el diferendo, y es loable que tanto gobierno como la guerrilla rompan viejos paradigmas y formulaciones de análisis sociopolíticos para abrir la posibilidad de hacerlo.

Igualmente, importa que el gobierno de Oaxaca enfile las investigaciones del caso hacia dos presuntos implicados.

Este acuerdo no significa conceder al EPR reconocimiento como fuerza beligerante, pero sí abre la puerta para cancelar al menos una de las causas declaradas de su desempeño ilegal.

Toda violencia debe ser reprobada, aun la que surge de situaciones de injusticia social, económica y política.

Al mismo tiempo procede abatir las condiciones que explican, favorecen y justifican las protestas de quienes no están dispuestos a soportarlas pasivamente para siempre.

Las reglas de una convivencia tienen que ser puestas a tono con el proceso de la reforma global del Estado, que se dificulta precisamente por los grandes intereses que pugnan por permanecer intocados.

El instrumento para lograrlo es la política, como se hace ahora.