| Pasado mañana es 1 de mayo y el mundo del trabajo se pone en el centro del escenario nacional. Hace muchos años que los trabajadores llegan a este emblemático día con las manos vacías; sin embargo, en esta ocasión se conjugan varios presagios negros que, sumados a las malas condiciones laborales de millones de mexicanos, nos presentan un panorama crítico. El PAN, actual partido gobernante, ha hecho un corte radical con su pasado democrático y ahora en el poder ha mostrado de forma contundente sus obsesiones por privatizar parcelas del país, como lo pretende hacer con la polémica reforma energética. Otra reforma que viene es la reforma laboral. En el más completo olvido ha quedado la propuesta que hicieron los panistas en el Senado en 1995, que estaba orientada hacia una democratización del mundo del trabajo. Los proyectos de reforma se pueden personalizar, sobre todo cuando son producto de una negociación silenciosa, sin ninguna convocatoria pública y en la más completa opacidad. A ese modo de operar las reformas, a las que Felipe Calderón ha resultado muy afecto, se le puede denominar el arreglo entre poderes fácticos y gobierno, al margen de la sociedad y, por supuesto, lo más alejado de la transparencia. El nuevo proyecto de reforma laboral tiene el sello del actual secretario del Trabajo. Es un proyecto que se hizo al gusto del los abogados empresariales de la Coparmex (que en muchas ocasiones son parte del negocio de los contratos de protección) y con el consenso del viejo corporativismo del PRI, que sólo representa los intereses de sus líderes, es decir, de la gerontocracia del charrismo sindical. La “reforma Lozano” tiene fuertes retrocesos en materia de derechos y contratación colectiva. El supuesto de que es necesario establecer condiciones de mayor flexibilidad, como mecanismo para atraer inversión, necesita ser complementado con una democratización de las condiciones laborales y con una impartición de justicia efectiva. Este equilibrio habla de la necesidad de construir contrapesos y responsabilidades, quitar cargas excesivas en las reglas laborales, pero, al mismo tiempo, liberar a los trabajadores de los controles corporativos y estatales. Sin embargo, la “reforma Lozano” nos deja el peor de los mundos: mucha flexibilidad, subcontrataciones, reglamentación para las contrataciones especializadas (outsourcing), un gran desglose administrativo, pero con los mismos controles autoritarios, con abiertos pasos atrás en materia de transparencia y con serios retrocesos para la contratación colectiva. Esa mezcla, que se guardó en secreto hasta hace unos días, se quiere jugar como una bola rápida, similar a lo que se hizo en 2007 con la reforma del ISSSTE. Es el nuevo método del albazo: reformas secretas que se quieren sacar adelante mediante el descontón y la sorpresa. En suma, la “reforma Lozano” consiste en una regulación con más flexibilidad, a la que se suman el control corporativo y los retrocesos en la contratación colectiva. Pero vayamos por partes. Lo que la “reforma Lozano” no tiene es una visión propia, sino la de sus aliados, líderes corporativos y abogados empresariales. Por supuesto, no tiene nada de voto secreto, transparencia, justicia a través de jueces laborales y condiciones para una democratización, con equilibrios entre una mayor flexibilidad y una bilateralidad real. Piezas cuyo requisito indispensable es contar con sindicatos de verdad. Lo que sí tiene son varios retrocesos. Las principales aberraciones están en la forma de acceso a la contratación colectiva y a la titularidad. Por ejemplo, el artículo 387, referido a la obligación de la contratación colectiva, queda completamente desfigurado, porque se establecen condiciones absurdas, imposibles de cumplir, como el hecho de presentar la solicitud del contrato ante el patrón, y además exhibir listas y autorización de las juntas, en donde están los patrones y los líderes corporativos. Otra de las aberraciones de la “reforma Lozano” está en dos nuevos artículos, el 899-A y 899-C: en el primero se establecen las condiciones para la demanda de titularidad, y en lugar de establecer criterios similares a los que ya existen en materia electoral (organismos autónomos, voto secreto), primero se pide que los trabajadores identifi-quen sus preferencias y luego que voten en secreto, lo cual equivale a exigir a los ciudadanos que antes de votar en secreto digan por quién emitirán su sufragio. El segundo es un truco para obstaculizar la demanda de titularidad. En materia de transparencia hay varios pasos para atrás: en el artículo 391 bis se dice que se publicarán en internet “los índices” de los contratos colectivos, ya no los contratos, como el mismo Lozano se había comprometido a efectuar. Se retrocede respecto a resoluciones del IFAI y se abre la puerta a la discrecionalidad, porque se afirma que la publicación será no obligatoria, sino “de preferencia”, un absurdo en cualquier ley. Se nota que el secretario del Trabajo no está en su tema. Este 1 de mayo habrá motivos de sobra para protestar por una política salarial completamente restrictiva. Porque el “presidente del empleo” habla de datos alegres en la creación de puestos de trabajo y dice que son 800 mil, cuando en realidad son menos de la mitad, como lo indicó el INEGI, porque la cifra abultada se debió a procesos de regularización administrativa en el IMSS y, para rematar, 60% de esos empleos son de carácter temporal. Porque México es el país con menor crecimiento en América Latina, según datos de la Cepal. La protesta también será porque se quiere sacar adelante una reforma laboral retardataria que necesita ser ampliamente discutida y socializada. La secrecía del proyecto de reforma, su orientación y los cerrojos sobre la contratación colectiva son motivos suficientes para que este 1 de mayo, el Día del Trabajo, se vuelva una enérgica protesta. Investigador del CIESAS |
