| La reforma constitucional electo-ral de 2007 implicó transformaciones de gran calado. Las modificaciones a la Ley Fundamental publicadas el 13 de noviembre pasado implican cambios sustantivos en la estructura de los órganos electorales, en sus atribuciones, así como en las condiciones y modalidades de la contienda electoral. Se trató de una gran reforma tanto por la apuesta que la misma lleva implícita —rescatar a la política frente al creciente poder de los medios electrónicos de comunicación—, como por el fortalecimiento claro de las facultades de las autoridades electorales. Por definición, esos cambios implican una ardua tarea legislativa para aterrizar el nuevo marco constitucional en diversas leyes que afinen, especifiquen y concreten los principios y las disposiciones —por su propia naturaleza genéricos— que se introdujeron en la Constitución. El artículo tercero transitorio de la reforma constitucional le fijaba al Congreso federal un plazo de 30 días para hacer las adecuaciones normativas correspondientes, mismo que resultaba irreal vistas las dimensiones de esa empresa. Sin embargo, más allá de que ese plazo haya concluido en diciembre y que hasta ahora sólo se hayan concretado las modificaciones al Cofipe (publicadas el 13 de enero de este año), lo cual no es grave en la medida en la que no se afecta la constitucionalidad ni la validez de las leyes que se vayan expidiendo, sí hay un plazo fatal que se acerca inexorablemente para que se concluyan los trabajos en el plano legal de la reforma. Ese plazo lo dicta el artículo 105 de la Constitución al establecer que no pueden hacerse modificaciones legales fundamentales sino hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que vayan a aplicarse. Dado que por ley el proceso electoral de 2009 comenzará en la primera semana de octubre de este año, el plazo que la Constitución fija como límite para las adecuaciones legales termina la primera semana del mes de julio. Así, los cambios a las leyes que no se realicen antes de esa fecha simple y sencillamente serán inválidos para efectos de su aplicación durante la elección del próximo año. Dado lo anterior, y visto que el periodo ordinario de sesiones del Congreso termina el 30 de abril, la realización de un periodo extraordinario para completar la reforma electoral es inevitable. El calado de las modificaciones que son necesarias varía de ley en ley. En algunos casos los cambios son vitales para el funcionamiento de los órganos y la operatividad de las nuevas reglas; en otros se trata de adecuaciones menores pero sin los cuales el edificio normativo de la reforma no estará completo. Sin duda, entre las reformas más vistosas son las que afectarán, entre otros ordenamientos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para poder concretar la nueva estructura del Tribunal Electoral y la distribución de competencias entre sus salas; a la Ley Orgánica de la PGR y al Código Penal Federal, para que la Fepade cuente con un marco normativo y un catálogo de tipos penales adecuado a las líneas generales de la reforma; a la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, para armonizarla con las nuevas obligaciones y responsabilidades de los concesionarios; así como a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos para contemplar las sanciones que merecen los funcionarios que transgredan las normas electorales. Pero el escenario es aún más complejo si se toma en cuenta que también en los meses por venir los legisladores federales tendrán que tomar además dos muy delicadas decisiones de las que depende el éxito de la reforma de cara al futuro político inmediato: el nombramiento del contralor general del IFE (que debería estar concretado idealmente antes del 30 de abril), así como el de los tres nuevos consejeros electorales que deberían tomar posesión en el mes de agosto. Se trata, hay que insistir en ello, de puestos claves para el adecuado funcionamiento del instituto y que deberían resultar de un consenso generalizado de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. El tiempo se agota, y los nubarrones de la polarización y la discordia que trajo consigo el debate y la iniciativa de reforma petrolera auguran un complicadísimo panorama para lo que falta por hacer de la reforma electoral. Investigador y profesor de la UNAM | 
