| Si la transición a la demo-cracia fue hace una década, el horizonte para explicar los cambios políticos que se necesitaban en México, lo que ha sucedido en los últimos años, necesita un nuevo referente. Por lo pronto, lo menos que se puede decir es que la democracia es una referencia cada vez más lejana. La toma de las tribunas del Congreso del Unión es sólo un acontecimiento más de una larga crisis política que no ha podido resolverse. Casi al mismo tiempo que estalló la crisis de las tribunas terminó, sin grandes despedidas, el año que se había fijado el Poder Legislativo para sacar adelante la reforma del Estado. La agenda estaba compuesta por cinco temáticas: lo electoral, lo judicial, el régimen político, el federalismo y el bienestar y los derechos humanos. Sólo los dos primeros temas se reformaron; faltan los otros tres. El saldo confirma las sospechas iniciales: no hubo suficiente capacidad y voluntad política para cambiar las reglas y mover la trama de intereses que se pueden ver afectados. La iniciativa calderonista de reforma energética ha mostrado no sólo un proyecto muy discutible e incompleto, sino las graves divisiones que existen en el país sobre el rumbo del desarrollo a corto plazo. Además, si a ello le sumamos que los métodos y mecanismos políticos para procesar el conflicto —lo que es propiamente el ámbito de la vida política del país— se encuentran minados, con fracturas y sometidos a un clima de fuerte crispación, el resultado es poco optimista. En los últimos años pasamos de una breve y volátil transición electoral a una fase de crisis del sistema político con graves signos de autoritarismo e impunidad. La desconfianza en las instituciones no tiene un sólo signo político partidista; el problema es que todos están subidos en el mismo barco del desprestigio. Todos los días se acumulan expresiones siniestras de la misma crisis institucional: el reciente asesinato de las dos locutoras de la radio La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala, Oaxaca, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, es terrible en sí mismo, pero el silencio del gobierno federal y la actuación corruptora del gobierno estatal son expresiones de la impunidad que reina. La persecución de líderes sociales en el estado de Chihuahua constituye una ola represiva que ha sido denunciada por el diputado Víctor Quintana, en la que se criminaliza a los movimientos sociales, mientras los operativos militares rompen el marco de derechos y libertades constitucionales. La joya de la corona de la reforma del Estado fue la electoral: el cambio el modelo mediático y la nueva relación entre política, medios y dinero. Sin embargo, todavía no se han terminado de instalar los reglamentos que aterricen la reforma y ya se puede ver las terribles deficiencias y las malas prácticas que se han generado para darle la vuelta a la reforma. Con un IFE cada vez más deteriorado como autoridad electoral, resulta difícil recuperar la confianza perdida hace dos años. La expectativa de que los nuevos consejeros pudieran darle un desempeño autónomo y republicano ha sido suspendida. Lo que hemos visto en su lugar es un desempeño completamente deficiente. Muchos errores en poco tiempo: aumento en 20% de salario a los consejeros; petición de aumento presupuestal de casi mil 500 millones de pesos; entrampamiento en la relación con las televisoras para regular el “nuevo modelo”; consigna de enterrar en el cajón los 280 mil spots de la campaña de 2006 que no tienen paternidad; la pretensión de exponer en vitrinas las boletas electorales de 2006. Más lo que se acumule en los próximos días. De nuevo una cosa es la regla y otra la práctica; una cosa fue la reforma electoral y otra muy diferente ha resultado su implementación. Lo que se temía como un peligro, la llamada gacetilla electrónica, es ya una realidad. Por ejemplo, no hay día que el gobernador Peña Nieto no salga en el noticiario de López-Dóriga en el Canal 2. Los spots televisivos se han vuelto un terreno de disputa, porque diversos grupos políticos han violentado la legalidad o, por lo menos, han actuado en los márgenes borrosos que dejan las nuevas reglas del juego: desde el Frente Amplio Progresista, que compró de forma directa spots para convocar a un acto en el Zócalo, hasta la nueva versión de la guerra sucia, en la que se compara a AMLO con un grupo de personajes que forman la escoria histórica (Hitler, Mussolini, Pinochet, Huerta). Todavía no empieza el proceso electoral de 2009 y ya la reforma se ha vuelto un referente vulnerable, y los actores políticos le dan la vuelta. Parece que el litigio por llenar a las pantallas de propaganda negra será el principal antídoto a la reforma electoral. La crisis de las tribunas soltó a todos los fantasmas y el escenario se ha poblado de adjetivos y premoniciones. Sólo hay que hacer un recuento de los adjetivos y desplegados para ver las diferentes formas en las que se ha construido este lamentable acontecimiento. El resultado es un enorme déficit para entender qué pasa y, por supuesto, para salir del pantano en el que se encuentra el Congreso. Se ha perdido el espacio del debate y la negociación, se ha extraviado la moderación, y en su lugar han salido los ultras de todas partes para tomar posición. El spot de la ultraderecha, cuya cara ha sido Guillermo Velasco Arzac y su asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, AC, es una expresión que alimenta de nuevo, como lo hizo Calderón en 2006, la polarización. ¿Y la reforma dónde quedó? Urge recuperar a la política como espacio de negociación y consenso, dentro de un marco de legalidad, transparencia y justicia. El problema es que no tenemos a los actores y a las instituciones para hacerlo. México está cada vez más lejos de una democracia como la que hace unos años se pensó que era posible llegar a tener. Investigador del CIESAS | 
