| En tiempos de crispación política y de polarización social es difícil atender a las razones; el ambiente se llena de adjetivos y descalificaciones. Sin embargo, aun en medio del intercambio de epítetos, la sociedad debe conocer las razones que nos motivan: la defensa de la industria petrolera es un acto de profundo nacionalismo, pero no del nacionalismo ramplón de las efemérides patrias, sino del que defiende la posibilidad de un proyecto histórico propio, de un proyecto de nación que nos involucre a todos. Hemos escuchado tanto hablar de derechas y de izquierdas que es necesario recuperar el sentido que encierran estos conceptos. La derecha, en México y en cualquier parte del mundo, privilegia el orden y la propiedad, antepone a las aspiraciones de igualdad la libertad individual; para ellos el bien común es una concesión, no un derecho. Es por ello comprensible que la derecha mexicana, representada en la arena política por el PAN, ignore el significado histórico de la expropiación petrolera del 38; para ellos fue únicamente una muestra del estatismo priísta; no caen en cuenta que, en el fondo, fue una clara expresión de soberanía, una reafirmación de nuestra voluntad de ser nación independiente, es parte de lo que aún hoy nos define como mexicanos. Sin duda que 70 años de mala administración, de corrupción, de deliberado abandono y de utilización de Pemex como fuente de recursos públicos para el dispendio tienen postrada en este momento a la industria petrolera. Nadie podría negarlo. La diferencia estriba en qué hacemos para recomponer el camino. Para el panismo, el diagnóstico es simple: no funciona porque es una empresa pública y por eso el único remedio es la privatización, si no se puede total, al menos parcial. Las iniciativas de Felipe Calderón van en este último sentido. Y doy sólo tres ejemplos: en la propuesta de reforma a la Ley de la Administración Pública se da a la Secretaría de Energía facultades “para promover la participación de particulares en las actividades del sector”; en la propuesta de reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional se permite a Pemex la contratación de terceros para los servicios de refinación de petróleo, y dar en concesión el transporte, almacenamiento y distribución de gas y derivados del petróleo; y en la propuesta para crear una Comisión del Petróleo se da a ésta la atribución de “otorgar y revocar los permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos”. El gobierno no puede ignorar a los millones que hoy protestan contra lo que piensan es un despojo; no puede cometer el error de atribuir a una persona la fuente del descontento social, evadiendo su propia responsabilidad. Los conflictos se resuelven ejerciendo la política, no la descalificación. La izquierda, por su parte, como lo ha señalado Norberto Bobbio, no puede renunciar a la marca de la igualdad, aunque hoy coincida con las aspiraciones de libertad y democracia que son propias de la socialdemocracia. Más en un país como México, en el que la desigualdad es el principal obstáculo para alcanzar el desarrollo. Fruto de su herencia histórica (la lucha contra el imperialismo), la izquierda es nacionalista. Por supuesto que en los tiempos globalizadores que corren, el futuro de la izquierda depende en buena medida de actualizar, si vale la expresión, su nacionalismo. Pero la nación cosmopolita de Anthony Giddens no significa la cancelación de la soberanía ni la abdicación del Estado de sus responsabilidades de defenderla; por el contrario, una inserción exitosa como país, es decir, una que beneficie a la mayoría, requiere de salvaguardar los sectores estratégicos, como lo hacen muchos países, sobre todo los más desarrollados. Un proyecto de centro-izquierda aprovecha las ventajas de la globalización y busca paliar sus efectos nocivos. Y por ahora la posesión de petróleo nos da un activo estratégico en el ámbito internacional, tenemos que aprovecharlo. Porque además los recursos que se obtienen por esta industria permiten, en efecto, fondear el desarrollo nacional, a condición de que se utilicen para fortalecer a la propia empresa, para impulsar a otros sectores económicos y para financiar programas sociales de largo aliento. Privatizar total o parcialmente Pemex significa la renuncia del Estado a la responsabilidad que tiene para aprovechar un recurso estratégico; porque al privatizar, las decisiones sobre el futuro de la industria se tomarán bajo condiciones de mercado, no de rentabilidad social. El Estado social inversor, en un modelo socialdemócrata, puede ser una salida a los problemas de la paraestatal, a condición de que sea administrada de manera eficiente, transparente y sin corrupción. En esto coincidimos todos. Por eso es tan importante que se dé un amplio debate nacional sobre el futuro de esta industria, suficiente en fondo y tiempo; la democracia exige que se escuchen todas las voces, más cuando lo que se discute afecta a un sector estratégico para nuestro futuro; de hecho, esto allanaría el camino de un auténtico referéndum. El choque de ideologías no tiene por qué cancelar el intercambio de ideas. Cuando el gobierno y su mayoría legislativa se muestran renuentes a escuchar a la nación, prefiero la resistencia pacífica en las tribunas del Congreso. Lo prefiero a la toma de las calles. Coordinador de la fracción parlamentaria de Convergencia en la H. Cámara de Diputados | 
