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    10 de abril de 2008
Emilio Rabasa Gamboa
17 de abril de 2008

El pasado jueves 10 de abril quedará regis-trado en la historia de México como el día del golpe ignominioso a la tribuna del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. El día en que un grupo minoritario de senadores encabezados por el inefable Ricardo Monreal, y un grupo también minoritario de diputados, ambos del ala radical del FAP (PRD, PT y Convergencia) sumisa a AMLO, violentamente interrumpieron el diálogo plural del proceso constitucional ordinario.

La justificación de los asaltantes fue que la alianza PAN-PRI pretendía aprobar el paquete energético fast-track; en sólo las dos semanas faltantes del periodo ordinario de sesiones. Falso. El coordinador Carlos Navarrete negociaba los términos del debate con los otros coordinadores en la Junta de Coordinación Política, cuando vino el zarpazo de Monreal, desconociendo de facto al propio líder del PRD en el Senado, y de paso, a la valiente presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, del mismo partido, aunque de una fracción claramente opuesta a los golpistas.

La manta con la ominosa palabra “Clausurado” sobre la tribuna, ahora reforzada con ¡barricadas!, es muy significativa del sentido represivo en contra de las instituciones democráticas que adquiere la acción planeada y orquestada por AMLO días antes, como quedó demostrado en su discurso del día anterior.

La tribuna del Congreso tiene todo el peso simbólico de la expresión plural, esto es, de todas las fuerzas políticas, antaño monopolizada por una sola, el PRI. Es el receptáculo final de la larga lucha por la democratización del país, en la que tanto creyeron y por la que incluso murieron no pocos perredistas, muchos más que los miembros o simpatizantes de cualquier otro partido. El atraco de AMLO y sus secuaces es un doloroso insulto a la memoria de su lucha por la pluralidad democrática por la que ofrendaron sus vidas.

Son tres los antecedentes históricos de severos golpes al Legislativo. El primero lo dio Agustín de Iturbide el 31 de octubre de 1822, cuando disolvió al primer Congreso del México independiente y en su lugar estableció una Junta Instituyente de 45 diputados afines. La gravedad y trascendencia de este golpe consistió en que “la idea democrática fue así destruida en germen; la fe en los principios que la alimentan vaciló desde entonces” (Rabasa Estebanell en La Constitución y la dictadura). La lección de cómo actuar cuando un cuerpo colegiado cuestiona o se opone a la voluntad de un solo hombre quedó desde entonces bien asimilada por los enemigos de la pluralidad, sustento de cualquier democracia: pegarle al Congreso y en su lugar poner a los dóciles al caudillo. El 10 de abril pasado se reeditó la lección, consistente en sustituir a la mayoría por una minoría obsecuente al iluminado que sabe lo que la patria requiere. Frente a esa iluminación cualquier medio para conseguirla es “legitímo”. No se discute, se hace lo que él ordena y punto final.

El segundo golpe a la representación nacional correspondió a Antonio López de Santa Anna en 1844, en ocasión de la rebelión del general Paredes en Guadalajara, ante la indignación de los diputados por los excesos del general-presidente plasmados en la Constitución de 1843. Sant Anna reaccionó disolviendo ambas cámaras. Se repite la historia. Cuando un cuerpo legislativo obstaculiza o molesta al hambriento de poder, simplemente hay que ¡clausurarlo!, como ahora.

Y el tercero tiene la marca singular, nada menos que de Victoriano Huerta, a raíz del célebre discurso del patricio chiapaneco Belisario Domínguez en el que pedía la renuncia del usurpador, tachándolo de asesino. Huerta disuelve el 10 de octubre de 1914 la Cámara de Diputados y encarcela a varios de sus integrantes.

Iturbide, Santa Anna y Huerta son los acompañantes históricos de AMLO y los golpistas de la tribuna del 10 de abril. Cierto, el Congreso no está disuelto, incluso sesiona en sedes alternas, aunque no sabemos por cuánto tiempo, pero es finalmente un golpe al Poder Legislativo. No se necesita condenarlos, la historia no los absolverá.

Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM

 
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PERFIL
 
Cursó estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, obteniendo el grado de Maestro en Filosofía. Cursó el doctorado en la Facultad de Derecho en la UNAM.

Ha impartido clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la UAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en donde actualmente se desempeña como Director del Departamento de Ciencia Política y Derecho. Forma parte del claustro académico de la Maestría en Derecho Internacional y Administración Pública de la EGAP, Campus Ciudad de México.

En el sector público fue Secretario General del IMSS, Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En la Secretaría de Gobernación, ocupó el cargo de Subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social y anteriormente fue Director de Gobierno y Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocupó el cargo de Asesor Jurídico de la Presidencia. Entre 1998 y 2000 se desempeñó como Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en la Secretaría de Gobernación.

 
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