| Las iniciativas presentadas pretenden modernizar Pemex mediante cambios regulatorios y administrativos, lo que constituye un avance, aunque diferimos en algunos propósitos, alcances y formas; por ejemplo, que se pudiera utilizar la autonomía para abrir áreas reservadas a la nación, al poder fijar el organismo sus propias normas para contratar, adquirir y enajenar bienes. En lo general concordamos con las facultades de la Sener, aunque hay ausencia de un enfoque integral y de largo plazo para la transición energética, dado que apenas se mencionan ligeramente las energías alternativas; por el contrario, se le dan otras que podrían inducir el deseo del coordinador de volverse operador. Convendría fusionar la CRE y la nueva comisión del petróleo, para que fueran efectivamente un ente regulador del sector energético en su totalidad. Las iniciativas siguen siendo estáticas y parciales. Si bien se eliminan argumentos como que la tecnología únicamente se consigue vía contratos de riesgo, abruma la reiteración generalizada para todas las actividades sobre las complejidades tecnológicas y la falta de capacidad de ejecución de Pemex; lejos de aumentar ésta y su habilidad de administración de proyectos, lo “enanizan” al convertirlo en administrador de contratos, dejando en manos de las grandes compañías la exploración y el desarrollo de yacimientos, así como el transporte, el almacenamiento y la refinación, renunciando Pemex a facultades que hasta ahora le son privativas; por ello, debemos cuidar el contenido, forma y propósitos de los contratos de desempeño. Según la Sener, contamos con 100 mil millones de barriles de recursos prospectivos y reservas que sostendrían durante 61 años la producción actual requiriéndose, dadas las grandes complejidades, asociaciones para aprovecharlos mediante contratos de desempeño; pero no se dice que 70% de ellos están en aguas someras y tierra, que mantendrían la producción durante 43 años suponiendo que no hubiera más descubrimientos, sin mayores complejidades, costos y riesgos, dándole tiempo a Pemex para reconstituir su planta técnica, asimilar tecnologías, contar con más recursos propios y decidir la conveniencia y ritmo de explotación de las aguas ultraprofundas. Las iniciativas, hábilmente entramadas jurídicamente, pretenden crear una industria integrada privatizada paralela a la actualmente prescrita constitucionalmente, limitando el concepto de integración para Pemex. Por ello, las propuestas en refinación, ductos y almacenamientos violan la Constitución, ceden el valor agregado del mercado interno, en una abierta forma de privatización, ofensiva para el gremio petrolero que siempre ha sabido construir, operar y mantener refinerías y ductos. El problema es de mala administración, de falta de recursos y del deseo de convertir a Pemex en monoexportador de crudo, apoyándose en razonamientos financieros propios de empresas privadas, ya que siempre será más rentable la explotación de crudo que la refinación o un ducto, sin considerar la seguridad energética del país. Exponer mayores ausencias y diferencias requiere de más espacio. Hay que analizar cuidadosamente las iniciativas para evitar que se dé pábulo en la práctica a la elusión de restricciones constitucionales. Debemos reconocer y corregir las causas que llevaron a Pemex al estado en que se encuentra; reiteramos nuestras 20 propuestas y la firme defensa de la industria petrolera integrada, porque estamos convencidos de que podemos salir adelante con nuestros propios medios y recursos. Analista político |
