Editoriales

El 15 de agosto de 2007 el presidente Felipe Calderón pidió comprensión, apoyo y participación de la ciudadanía para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Al final, sin la denuncia es imposible combatir con éxito el crimen, tan inmerso en la red social —en cada pueblo y ciudad— que no hay Ejército que alcance para detectar todos sus tentáculos y exterminarlos.

Ese día, en Cancún, Quintana Roo, la respuesta de una mujer fue contundente: “Mi punto de vista es que la denuncia se puede hacer, pero vienen represalias más adelante. No podemos andar cuidando a nuestros hijos. Atrás de usted viene mucha gente protegiéndolo, nosotros no podemos, no tenemos esos medios, esas posibilidades”.

“A mi hijo lo han asaltado dos veces”, “yo he visto que venden la droga a la hora del recreo”, “venden la droga a través de un hueco, sin abrir la puerta, a cuadra y media de aquí”, dijeron otras personas ese mismo día. La población conoce a los narcos y sus puntos de venta, pero, con toda razón, no se atreve a denunciar.

Sólo uno de cada 100 delitos se denuncia y apenas tres de cada 100 averiguaciones previas del Ministerio Público culminan en sentencias, reveló el propio José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PGR, hace unos días. En el Distrito Federal únicamente 5.3% de los 4 mil 850 sujetos detenidos en 2007 por venta de droga al menudeo terminó en prisión.

Estamos frente a un círculo vicioso entre la falta de confianza ciudadana y la ineficiencia del sistema de justicia que debe empezar por corregirse en el otorgamiento de garantías sociales y de seguridad mínimas a los militares, los policías y autoridades municipales, pues si ser incorruptible conlleva la muerte propia o la de sus familiares pocos estarán dispuestos a hacer su trabajo.

Basta ver que en promedio 13 de cada 100 ejecutados en el país han sido militares, agentes federales, policías estatales y municipales, según informa hoy EL UNIVERSAL con base en un estudio en manos de la PGR.

Incluso Los Zetas se mofan de las condiciones de nuestro Ejército y ofrecen a sus soldados unirse a sus filas pese a la certeza de muerte que ello implica. “Nosotros no te damos de comer sopas Maruchan”, dice una manta colocada en Nuevo Laredo.

Entre 1999 y 2006, 4 mil 981 soldados fueron transferidos a la PFP. De ellos, 4 mil 873 desertaron, según información de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El círculo vicioso de la desconfianza en nuestros cuidadores sólo se resolverá si el gobierno es capaz de mantenerlos en el bando de los buenos, junto a la ciudadanía.