| En días pasados la Sener dio a conocer el diagnóstico del gobierno federal sobre los problemas de Pemex y los retos que deberá vencer para ser una empresa rentable y productiva. El documento sólo confirma que Pemex tiene serios problemas que de no atenderse en el corto plazo pondrían en riesgo su viabilidad financiera futura. La paraestatal tiene el más bajo nivel de reservas probadas de las petroleras del mundo, con un pobre nivel de restitución, reducción de la producción en los últimos años, altos pasivos laborales y falta de tecnología y capacitación. Este diagnóstico enfatiza que Pemex no será privatizado y seguirá en manos de los mexicanos, y señala que se requiere un nuevo marco legal que le permita operar con mayor eficiencia y eficacia. Mayor autonomía de gestión, cambios en la estructura corporativa, la posibilidad de asociaciones con terceros para explorar en aguas profundas, un nuevo esquema tributario, uno presupuestario más flexible y un nuevo modelo de control y fiscalización son propuestas de este diagnóstico que seguramente estarán presentes en la iniciativa de reforma que el presidente Calderón presentará al Congreso. Sin embargo, centro de la reforma está en la posibilidad de aprobar los contratos de riesgo compartido para la exploración en aguas profundas con capital privado. Ello permitiría aumentar las reservas petroleras probadas y devolverle salud financiera de largo plazo a la empresa, lo que por el momento es su debilidad estructural más grave. Aún no podemos anticipar el rumbo que esta iniciativa tomará en el Congreso, especialmente ante la agenda legislativa sumamente congestionada y contaminada por las dinámicas partidistas que han generado dificultades para los liderazgos parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas. Quizá una vez más nos conformemos con obtener “no la reforma deseable pero sí la posible”, como si esta frase empezara a convertirse en un mantra conformista con carta de naturalización en nuestro Congreso. En todo caso, la reforma energética no podrá ser aprobada en el actual periodo. En el mejor de los casos habrá sólo tiempo suficiente para su aprobación en la cámara de origen (al parecer, el Senado). Así, los escenarios posibles para su aprobación en la cámara revisora serían tres: 1) llamar a un periodo extraordinario en verano; 2) aprobarla durante el último año de la Legislatura; o 3) aprobarla al inicio de la próxima Legislatura, finales de 2009 principios de 2010. La opción más viable estará condicionada a la viabilidad para construir acuerdos y obtener el más amplio consenso posible entre las fuerzas políticas y entre la sociedad. El problema fundamental de esta reforma es esencialmente de opinión pública. Pero este problema presenta una oportunidad para el gobierno y su partido, ya que ante la enorme confusión derivada del ruido mediático que ha impuesto la agenda nacionalista está la posibilidad de comunicar eficientemente el objetivo y meta central de la reforma y, con ello, de retomar la iniciativa y marcar los tiempos de la agenda política nacional, así como alcanzar acuerdos entre las principales fuerzas políticas no parece tan inmediata como se supone y sin duda requerirá grandes esfuerzos y una profunda voluntad y pericia política. Coordinador de Nueva Alianza en San Lázaro | 
