Editoriales

El Instituto Federal Electoral destina más de mil millones de pesos para disponer de credenciales infalsificables, tan bien acreditadas que para el mexicano constituyen el principal documento de identificación, aceptado sin chistar en bancos, establecimientos comerciales y oficinas públicas. Y de nada sirve. No es necesario falsificar las credenciales, expedidas por el Registro Federal de Electores, porque se pueden adquirir de dos modos bien sencillos: mediante la simple presentación de dos testigos o a cambio del pago de 500 pesos a algún empleado expedidor.

Los afamados impresores de la Plaza de Santo Domingo, que ofrecen abiertamente credenciales de todo tipo, facturas, papeles oficiales, títulos profesionales y placas de policía o de diputado, han sido limpiamente rebasados.

Ningún sistema de identificación está a prueba del ingenio criminal ni de la corrupción, el prevaricato y la irresponsabilidad de los funcionarios.

¿En quién vamos a confiar ahora después de este gravísimo quebranto de la integridad del IFE, ya previamente vapuleada?

La Procuraduría General de Justicia de la República tiene unas 600 averiguaciones previas por la expedición de hasta 14 credenciales de elector con fotografía originales, entregadas a una misma persona, pero con diferentes nombres.

Las credenciales se usan para operaciones de lavado de dinero, cometer fraudes o traficar con indocumentados, entre otros delitos. También sirven para acreditar la ciudadanía de menores que requieren trabajo o solamente entrar a un antro para divertirse. Entre los 723 casos investigados, hay un sacerdote nicaragüense con su credencial de elector como mexicano, que también obtuvo un pasaporte, por 2 mil pesos, y una credencial de automovilista del DF, por 500 pesos. Se cree que lava dinero confundido con limosnas de feligreses. La industria se ramifica, como se ve.

Hay algunos detenidos y varias órdenes de aprehensión.

Aunque el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, estima que la proporción de los fraudes “es pequeña”, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) reveló que 84% de los casos que consigna ante un juez está relacionado con “la probable alteración del registro” y la expedición de credenciales para votar.

Es decir, pasamos de los fraudes electorales a los patrimoniales.