Editoriales

Aunque la Secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, dijo que el proyecto de reforma energética “se presentará hasta tener un mínimo consenso de todos los actores y partidos políticos del país”, por lo que no se ha definido, la verdad es que ya hay un acuerdo en lo fundamental.

Nadie quiere que se pierda la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos, ni que la Constitución sea enmendada ni que se entregue el principal recurso con que contamos a la iniciativa privada.

Ese es un buen piso para comenzar: los puntos de avance posible son un marco regulatorio nuevo que dote al consejo de administración de Petróleos Mexicanos de la autoridad suficiente para tomar sus propias decisiones en asuntos técnicos y de negocios de la empresa, ahora en manos de la Secretaría de Hacienda, cuya preocupación central es obtener cada vez más recursos sin necesidad de hacer una reforma fiscal en toda forma, que enfadaría a los grandes capitales.

Hay que modernizar las formas de contratación de inversiones y servicios conexos. Muchas tareas de Pemex están a cargo de empresas privadas, tanto en exploración y distribución como en construcciones y distribución, inclusive las gasolinerías.

Casi la mitad del petróleo que producimos se vende a Estados Unidos, en condiciones muy favorables, sin que ello provoque discursos incendiarios ni tomas de plazas públicas, porque es parte de un trato regular y conveniente en todo el mundo.

El problema de Pemex es financiero, pero también operativo, técnico y de capacidad de ejecución. Estamos urgidos de refinerías, para terminar con el absurdo de que, siendo productores importantes de petróleo, tengamos que importar casi la mitad de la gasolina que consumimos, así como gas y productos petroquímicos.

En los últimos tres años, México ha dejado de percibir 30 mil millones de dólares por la caída de la producción diaria del crudo.

Hemos perdido tiempo en comenzar la exploración en aguas profundas, lo que nos aleja de la oportunidad de aumentar la producción y nos pone en riesgo de que el petróleo que bajo el mar se encuentra sea absorbido por nuestros vecinos.

El gobierno federal emite comerciales en televisión y diagnósticos que alimentan el debate pero también la incertidumbre. Mientras no haya iniciativa qué discutir tampoco habrá con qué refutar en la realidad a quienes enarbolan el discurso de la “privatización”.

El gobierno puede identificar ya puntos de encuentro y presentar una iniciativa sobre la cual discutir, en vez de esperar un momento ideal que quizá nunca llegue.