| Es innegable la importancia vital que ha adquirido Pemex como empresa estatal, no sólo para la economía del país sino también para el funcionamiento del gobierno federal, pues la renta petrolera ha alimentado el Presupuesto de Egresos en forma creciente y actualmente representa 39% de la recaudación. Constitucionalmente al Estado le corresponde manejar en exclusiva el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Sin embargo, los gobiernos neoliberales (de Carlos Salinas a la fecha) han tratado a la paraestatal en una forma que no garantiza su adecuado financiamiento, pues la han endeudado crecientemente para cubrir la insuficiente recaudación, reclamando —ahora más que nunca— inversión privada para su funcionamiento. Dichos gobiernos han destinado la creciente renta petrolera (ingresos por ventas menos gastos operativos) a financiar los gastos corrientes del Estado, pues la inversión pública neoliberal disminuyó en forma sustantiva. Además han desmantelado los cuerpos técnicos y debilitado al Instituto Mexicano del Petróleo, que debería alertar a la opinión pública respecto a la incursión en agua profundas y otras aventuras, con las cuales el actual gobierno pretende obtener la autorización del Congreso para introducir la inversión privada que podría resultar en un caballo de Troya (por innecesaria y peligrosa). Los ingresos de Pemex han aumentado en proporción al alza espectacular los precios del petróleo; pero los gobiernos neoliberales, en lugar de utilizar esa renta proveniente de un recurso no renovable para desarrollar la industria energética a cargo del Estado (hidrocarburos, electricidad y energías alternativas) como pieza clave para fortalecer la economía nacional, la han destinado a financiar el presupuesto federal que debió de haberse sostenido con una reforma fiscal equitativa y suficiente. Aún más: el uso que el gobierno federal ha hecho de la llamada “renta petrolera” es altamente cuestionable, pues a pesar de estar clasificada como “derecho” en la Ley de Ingresos, el cobro por la prestación de un servicio es, en realidad, el ingreso por la venta de un recurso patrimonial no renovable que debería ser restituido con un bien de capital, y de ninguna manera utilizarlo para sufragar los gastos corrientes del gobierno que deberían sostenerse con ingresos también corrientes. En pocas palabras: transformar la renta petrolera en capital, generador permanente de bienes, servicios y de empleo. La reforma energética del actual gobierno panista pretende crear nuevos esquemas fiscales preferentes para la exploración y explotación de ciertos yacimientos en aguas profundas con la participación de corporaciones extranjeras que ya lo están intentando. Obviamente se trata de una reforma sustantiva para la cual el sentido común aconseja como urgente: 1) que las comisiones de Energía del Congreso convoquen, antes de cualquier consideración sobre el tema, al establecimiento de una Comisión Nacional de Energía integrada por expertos representantes de los cuerpos científicos, técnicos, académicos, empresariales y laborales del país, para que den elementos para una planeación energética con visión de largo plazo que considere el estado actual de la ciencia y la técnica, de nuestros recursos, nuestras necesidades y las fuentes de su financiamiento; 2) que a la luz de los resultados de esta comisión las comisiones de Energía del Congreso propongan una reforma sustantiva que libere a Pemex de la perjudicial carga fiscal y una reforma energética de largo plazo que fortalezca a las empresas públicas del sector y considere la transición hacia energías alternativas. La Comisión Nacional de Energía que se propone responde a la genuina desconfianza de la inmensa mayoría de la población por el grave daño que le han ocasionado las decisiones cupulares y antidemocráticas del neoliberalismo. A ese respecto, la comisión tendría la obligación de responder a las dudas e inquietudes de la población interesada. Con esta comisión se puede instaurar una ruta democrática para el debate y toma de decisiones fundamentales relacionadas con el interés nacional y el bienestar de la población. Presidenta del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista | 
