| Me fui de viaje con una selección de ensayos de Octavio Paz sobre la vida pública de México (El laberinto de la soledad, Ed. Cátedra, valiosa edición y estudio de Enrico Mario Santí). Como en un laberinto real, salí en busca de un camino y tomé otro, el cual relacioné con la noticia de que el IFE propone recontar la votación de 2006 para satisfacer al PRD, al tiempo que el PRD mismo daba una exhibición de sus propias prácticas electorales. Los ensayos relacionados son “Crítica de la pirámide” (1969) y “Remache: burocracia y democracia en México” (1987), que describen a los mayores adversarios de la democracia en México y el mundo: las burocracias. Es lógico preguntar qué habría dicho Paz de la coalición burocrática del IFE, el PRD y otros partidos, la cual intenta pasar por encima de los más de 800 mil ciudadanos que gestionaron y certificaron la elección. En otros artículos hemos advertido esta consecuencia del famoso recuento. Ahora abundan motivos para sospechar que la reclamación de fraude es fraudulenta en sí misma. Validarla sería el colmo de la indecencia. La cuestión es si la voluntad de maquinarias políticas movida por consignas e intereses puede suprimir la participación de los ciudadanos. Estamos ante un asunto de sentido común cuyo discernimiento no requiere preparación especializada. El presidente del IFE no lo encara porque carece de argumentos y se va por las ramas legales, escudado en el sofisma de que el recuento procede porque las boletas son documentos cuya publicación es exigible por autoridades, partidos o cualquier palero. Es cierto que las boletas son “documentos públicos”, pero no por eso pueden ser cuestionadas o anuladas por autoridad alguna, salvo pruebas rotundas de que hay una conspiración fraudulenta detrás de ellas, algo muy difícil de concebir, no digamos probar, pues cada boleta expresa un voto individual. La sospecha de fraude recaería entonces en los más de 800 mil funcionarios ciudadanos de casilla que salieron sorteados con todo y funciones para fungir como autoridad única de la jornada electoral. Fui uno de ellos, así que puedo extrapolar mi experiencia al resto. Sin trato previo, estos ciudadanos responsables de la jornada instalaron las casillas, confirmaron la integridad de la papelería electoral, identificaron a los votantes, les proporcionaron las boletas, les untaron tinta indeleble, contaron los votos, llenaron las actas, sellaron los paquetes y los transportaron a la sede, todo ello según el protocolo, con la firma de los partidos y sin intervención del IFE. ¿Es concebible que su presidente desdeñe esta suprema garantía democrática para complacer a quienes chillan “fraude” mientras se defraudan entre sí? La demanda de contar votos contados, recontados y sellados por ciudadanos merecería ser fulminada por la autoridad responsable. Pero ésta no lo hace porque las carreras de sus funcionarios convergen con los intereses partidistas en lo alto de la pirámide burocrática. Es claro que los consejeros temen ser desbancados por los partidos, y éstos temen que el IFE los arruine con multas. Recordemos que la democracia es un método para legitimar poderes políticos por mayoría mediante elecciones. Está probado que el sistema mexicano se ajusta a tal definición. Sus procedimientos siguen protocolos acordados, de modo que cada etapa cerrada sea irreversible. Por eso resulta inaudito que la autoridad electoral intente ahora revertir un proceso gestionado y confirmado por ella misma. Como van las cosas, no es ocioso conjeturar quién haría el eventual recuento, si la burocracia misma, el Ejército, las ONG, la ONU… Sería un magno espectáculo ver al IFE y los partidos afanados en manufacturar semejante adefesio. blascota@prodigy,net.mx Analista político |
