Editoriales

Cámaras de video ocultas tras lámparas comienzan a grabar silenciosamente las sesiones de parte de los 180 tribunales colegiados que hay en el país, para fiscalizarlos, según algunos magistrados, para probar que no tienen nada que ocultar, según otros.

La medida forma parte de un proyecto para transparentar el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, impulsado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veracruzano Guillermo Ortiz Mayagoitia.

De entrada, se graban solamente las sesiones de los tribunales colegiados del Distrito Federal, con fines de registro, no de difusión, aunque se podrá tener acceso a los videos si se solicitan de acuerdo con la Ley Federal de Acceso a la Información.

Tradicionalmente, el trabajo de los jueces se hace en las sombras y con legajos. Apenas comienza una lenta modernización de los procedimientos medievales, alejados de la vista del público, la crítica y la especulación y sin la interacción abierta de todos los actores, acusados, acusadores, fiscales, defensores, testigos y peritos.

Si alguna vez esa práctica preservó la integridad de acusados inocentes, propició también manejos discrecionales de la administración de la justicia, con su cuota de corrupción.

Los tres poderes de la Unión tienen que trabajar ahora sometidos al escrutinio ciudadano, para evitar usos viciosos de las facultades que se les conceden.

La grabación puede ser útil, si no queda reducida a usos internos ni se convierte en un espectáculo ensayado previamente.

La lucha contra la impunidad, la delincuencia organizada y por la plena vigencia de un estado de derecho debe darse en el ámbito del Poder Judicial, donde a veces se han estrellado las escasas acciones policiacas de éxito. Ministros y magistrados, jueces y agentes ministeriales tienen que resistir cañonazos millonarios y presiones extraordinarias del poder político y económico.

Hemos sabido de escandalosos saqueos y de enriquecimientos auspiciados desde Los Pinos en el pasado reciente, pero no de acciones eficaces contra los autores del latrocinio. También, hace menos de un año, fueron descubiertos actos de corrupción en el Tribunal Electoral, que se suponía honesto y solvente. Hubo remociones, pero no aplicación total de la justicia.

Mayor transparencia redundará en un fortalecimiento necesario de su posición, más allá de las percepciones y prestaciones que la ley les otorga.

Controles como cámaras escondidas y los juicios orales serán efectivos si la exhibición de la corrupción conlleva consecuencias para sus protagonistas.