| Hace 40 años caminé por vez primera por el campo de la justicia en México como estudiante de Derecho en la UNAM y trabajador del IMSS. Fue en el terreno laboral y del amparo. Jamás olvidaré la experiencia del primer día al arribar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se encontraba en la calle Doctor Vértiz. En el archivo, una señora que cosía con una enorme aguja las fojas de los expedientes me entregó un legajo de papeles entre los que debía hurgar la información que requería. Estaba rodeada de pilas de expedientes polvorientos, amarrados con mecates y colocados en anaqueles de metal, unos encima de otros dando la impresión de que en cualquier momento le caería encima esa interminable montaña de papeles. En el mismo cuarto se celebraba una audiencia de desahogo de una prueba confesional, en la que una asistente de la autoridad laboral ordenaba a una mecanógrafa anotar las respuestas que le dictaba el abogado defensor del trabajador a las preguntas que había formulado, también por escrito, su contraparte. Al finalizar, la asistente continuaba el dictado diciendo: “Se tiene por desahogada la prueba confesional ofrecida por el representante de la parte demandada, agréguese al expediente x, y archívese hasta nueva audiencia que tendrá verificativo el día x a la hora x (tres meses después), en la que se llevará a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora”. Acto seguido, los tres involucrados en el juicio firmaban el original y las copias al carbón. El primero se quedaba para ser cosido al expediente con la aguja antes referida. Hoy los expedientes aún se siguen cosiendo, y como la aguja ya no puede traspasar los enormes legajos de papeles, se utiliza un taladro, que forma parte del inventario de los juzgados. La anterior es una descripción sólo de algunos rasgos del sistema inquisitivo-escrito que a nivel federal está en proceso de desaparición (en principio en materia penal) ahora que el Congreso aprobó la iniciativa, originalmente ciudadana, cuyo anteproyecto elaboró la Red de Juicios Orales, enviada a las legislaturas estatales. En su artículo 20 establece: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”. Se trata de un nuevo sistema de justicia en el que el acusado siempre será inocente hasta que se le pruebe culpable en el mismo juicio y no en la fase preparatoria, y siempre deberá estar presente un juez en la audiencia, no su asistente. Será un juez diferente del que emite la orden de aprehensión y antes dictaba el auto de formal prisión, es decir, ya conocía del caso. Serán nulas las pruebas obtenidas con violación de derechos, como la tortura; el acusador tendrá la carga de la prueba y ambas partes tendrán igualdad procesal, al grado de que el juez no podrá recibir a una sin que se encuentre presente la otra. Lo fundamental serán las personas y no los papeles cosidos en un mugroso expediente. Este sistema acusatorio-oral que reforma de fondo a la justicia mexicana es para el doctor Soberanes, presidente de la CNDH, una “tomadura de pelo” ya que, según el eminente jurista, en México “no existen las condiciones financieras para un proyecto de esta naturaleza”. Esta afirmación ignora la previsión que ya establecieron los legisladores en el transitorio 8o de la reforma: “El Congreso, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del DF deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal”. No faltarán otras voces como la del doctor Soberanes, escépticas de la funcionalidad del sistema oral. Algunos, como él, por ignorantes. Otros porque sustentan su práctica en juicios largos, engorrosos, oscuros, presa fácil de la corrupción, por lo que un sistema transparente y rápido como el acusatorio-oral afectará sus intereses. Otros más porque piensan que la oralidad es un sistema que le queda grande al país. Lo que en común tienen estas voces negativas y pesimistas es una idea de un México pequeño, siempre atrasado, incapaz de que su justicia mejore, porque está condenado a permanecer como el país imposible de contar con una justicia reformada. Afortunadamente, se equivocan. Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM |
