| El escándalo en torno a los contratos que firmó el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fungía como apoderado legal y accionista de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, y al mismo tiempo se desempeñaba como diputado federal y funcionario de la Secretaría de Energía durante el sexenio pasado, ha sido el centro de argumentos y contraargumentos de diversa índole. Sus partidarios han afirmado que se trata de un hecho completamente legal y que, por tanto, no es contrario a la ética pública. Sus simpatizantes también han sostenido que la difusión del hecho ha sido provocada para dañar a México. Deseo en este espacio comentar qué tan atendibles son estos argumentos. Por principio de cuentas, vincular la legalidad con la ética pública para decir que no existen irregularidades entraña una equivocación porque un acto de corrupción puede cubrir perfectamente el expediente jurídico y, sin embargo, ser contrario a los principios esenciales del interés general. Los mexicanos tenemos una larga y dolorosa experiencia en estos menesteres; venimos de un periodo en el que muchas veces se abusó del poder para fines privados sin que por ello se hubiese caído en la ilegalidad. Es más, aunque la norma jurídica fuera pisoteada y las corruptelas salieran a flote, no había consecuencias para los infractores. Debemos reconocer que, desafortunadamente y pese a la alternancia en el mando, no hemos podido superar el patrimonialismo: un sistema arcaico en el cual se confunden los bienes privados con los bienes públicos. Nuestros gobernantes, al llegar al poder, lo asumen como si fuera un objeto propio que se debe agregar, naturalmente, a su capital personal. Les incomoda que se quiera alterar el manejo discrecional de los puestos gubernamentales. Decía justamente Elías Canetti en su libro Masa y poder: “El secreto ocupa la misma médula del poder”. Por su parte, el cardenal Mazzario en su texto Breviario de los políticos escribió: “Todo lo que es secreto, tras de lo cual el político pueda protegerse, y sorprender a los demás, le proporciona al mismo tiempo una especie de calma y exaltación”. No debe publicitarse lo que hacen allá arriba los dueños del poder. Lo que está afectando seriamente al país es la persistencia del secreto y de esa mentalidad patrimonialista. Es decir, no puede haber avance político si no se soluciona el tema de la corrupción. Quedaría en entredicho la credibilidad de un gobierno que proviene de un partido que ha hecho de la lucha a favor de la democracia y en contra de la corrupción su programa de acción. Cómo olvidar que desde su fundación una de las demandas fundamentales del PAN fue, precisamente, el combate contra el manejo tras bambalinas del poder como un paso necesario para conquistar la democracia. Don Manuel Gómez Morín y los líderes históricos de Acción Nacional, sin olvidar, claro está, a Carlos Castillo Peraza, actuaron siempre a favor de la honestidad para sanear nuestra vida pública. Hoy, el reto que tienen frente a sí los panistas no es respaldar incondicionalmente a un individuo, por importante que sea, sino defender los principios de ética pública que dieron vida al instituto político al cual pertenecen. jfsantillan@itesm.mx Académico del ITESM-CCM | 
