| El debate sobre el futuro de la industria petrolera en México no puede alcanzar un nivel nacional serio por las enormes dificultades en cuanto a la claridad de las cifras utilizadas para fundamentar argumentos en pro o en contra de la transformación de Pemex. A eso hay que agregar la fuerte carga nacionalista que encierra el tema, explotada y retroalimentada por un discurso simplista de la izquierda, que la derecha trata de contrarrestar con una retórica igualmente superficial. Los primeros alegan que cualquier modificación de la condición estatal de la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos líquidos y el gas natural atenta contra los fundamentos mismos de la patria, así sea mediante asociaciones con otras empresas extranjeras, también gubernamentales, porque es un primer paso hacia la total privatización y desnacionalización de la industria petrolera. Los defensores de la propuesta de privatización exageran los males endémicos de Pemex, como la corrupción político-administrativa fomentada por un sindicato corporativo, que en su opinión imposibilita una reorganización de la empresa que la haga eficiente y capaz de superar problemas tales como la rápida caída de las reservas de crudo, la creciente importación de refinados y derivados del petróleo, y la insuficiencia de recursos financieros y técnicos para la exploración y explotación de nuevas reservas, presumiblemente existentes en aguas territoriales profundas. El lunes pasado, EL UNIVERSAL informó que la tripulación de la paralizada flota de Pemex desde hace cinco años cobra sueldos y prestaciones completas sin trabajar, porque el contrato colectivo de trabajo de la empresa impide la reubicación o el despido de esos 600 empleados, lo que le ha costado a la paraestatal 2 mil 700 millones de pesos. Esto apoyaría la tesis de la incapacidad política y legal para reformarse de la empresa en cuestión. Por otra parte, la confirmación de que el secretario de Gobernación, cuando era diputado federal y luego funcionario de la Secretaría de Energía, suscribió como apoderado de una empresa particular contratos millonarios con Pemex es prueba de que el sindicato petrolero no es la única fuente de corrupción en la empresa, como afirman los simpatizantes de su privatización, sino que en ella meten mano poderosas influencias del gobierno actual, de la misma manera que ocurría durante la época de oro del PRI-Gobierno. Otro argumento a favor de la modificación de la estructura de Pemex y de su privatización es el supuesto desplome de la producción petrolera y la caída de las reservas probadas. Basta con entrar a la página electrónica de la empresa (www.pemex.com) para constatar que, más que una caída, hay un estancamiento claro de la producción total de hidrocarburos, especialmente de la procedente de zonas marítimas, pero tal estancamiento se da a un nivel de extracción superior a los 3 millones de barriles diarios, volumen de por sí excesivo para las reservas disponibles, las que han sido sobreexplotadas por los diferentes gobiernos mexicanos, a fin de cubrir sus faltantes de tesorería y captar divisas. Hace poco, el director general de Pemex señaló que 55% de las reservas probables de crudo se localiza en aguas profundas de nuestra plataforma continental, a la que Pemex no puede llegar por falta de recursos financieros y de tecnología. Por lo pronto, no hay precisión en el diagnóstico de las reservas, pues mientras varios conocedores del asunto, como Jorge Díaz Serrano e ingenieros jubilados de Pemex, insisten en que todavía existe un enorme potencial de hidrocarburos en aguas someras e incluso en zonas terrestres del país, otros dicen lo contrario; quizá por eso Jesús Reyes Heroles subrayó que “el tema de aguas profundas es un asunto de responsabilidad intergeneracional” e invitó a la Asociación Mexicana de Directivos en Investigación Aplicada a abocarse al estudio del tema. ¿Desconfía don Jesús de los técnicos jubilados de Pemex, o busca avalar una conclusión apriorística? El ejercicio financiero de Pemex correspondiente a 2007 arroja una pérdida neta de más de 16 mil millones de pesos, cuando en 2006 hubo una utilidad neta mayor a 45 mil millones. El problema no es mera ineficiencia administrativa, sino que el fisco le quitó a la empresa más de 676 mil millones de pesos para completar sus ingresos fiscales (alrededor de 40% del total). Nuevamente, la exacción de Hacienda deja en claro el papel secundario del sindicato como exprimidor de un patrimonio común de la nación. Pero tal como la empresa opera en la actualidad, tampoco puede dejársele la totalidad de sus utilidades de operación, porque no existe seguridad de que se emplearán productivamente. Si Pemex es del país, es tiempo de convertirlo en empresa pública, que pague impuestos corporativos normales y sea responsable de cuidar y acrecentar el patrimonio colectivo; reestructurarse para hacerse eficiente o quebrar. Profesor investigador de El Colegio de México |
