| Los principales pronósticos económicos han anunciado una muy probable recesión en Estados Unidos en 2008. El presidente Calderón y su gabinete, encabezados por Hacienda, han puesto en marcha un paquete contracíclico para tomar previsiones ante los posibles impactos negativos. Si bien los méritos y la eficacia del programa anunciado deberán evaluarse al final del año, el mérito mayor está en haber reconocido la vulnerabilidad de la economía y el riesgo de no tomar previsión alguna. Por desgracia, a diferencia de la economía, en la política no hay indicadores objetivos que permitan instrumentar políticas públicas de consenso y, con ello, prevenir el deterioro institucional. En este sentido, el gobierno debería contar también con un plan contracíclico que respondiera a los signos de recesión en el campo político. De acuerdo al Dictionary of Economics, recesión es “un término dado a una aguda desaceleración de la tasa de crecimiento económico, o bien una caída en la tasa de crecimiento de la actividad económica. Dos caídas sucesivas en las mediciones trimestres del Producto Interno Bruto real constituyen una recesión”. Si trasladáramos esta definición a lo político se podría decir que la recesión política sería “una caída en la tasa de crecimiento de la actividad política”. Una desaceleración de la tasa de acuerdos intrapartidistas e interpartidistas; de la productividad legislativa; de los consensos. Todo ello expresándose como un rápido deterioro social. El primer año del presidente Calderón tuvo un breve periodo de incertidumbre, causado en gran medida por lo apretado de los resultados en la elección presidencial. Sin embargo, el ejercicio de gobierno y especialmente el impulso decidido a su agenda legislativa permitieron al país regresar rápidamente a la vía institucional y, al mismo tiempo, le dieron al Presidente un amplio margen de maniobra que lo mismo le permitió inaugurar una segunda generación de reformas estructurales (fiscal, al sistema de pensiones del ISSSTE, electoral, de justicia penal, al artículo sexto constitucional en materia de transparencia), que articular con eficacia una política de seguridad contra el crimen organizado. Parece que el ciclo político se ha agotado y que los pasivos con el Legislativo son tan altos que es tiempo de prepararse para la recesión. La 60 Legislatura tiene pendiente reformar casi 40 leyes secundarias derivadas de reformas constitucionales, aprobar 209 minutas con proyecto de decreto remitidas por la 58 y 59 legislaturas y 116 propias, elegir un contralor del IFE antes de que finalice abril y tres nuevos consejeros, y resolver sobre los acuerdos de la comisión ejecutiva para la Reforma del Estado: ley del Congreso, derechos humanos, federalismo, informe presidencial. Ante este escenario, y considerando que la propia Suprema Corte deberá resolver los juicios de amparo e inconstitucionalidad contra las reformas nombradas, se antoja difícil que el Presidente y, en especial, su secretario de Gobernación (enlace formal y real de las relaciones con Congreso) cuenten con la reserva de capital político suficiente para que, en este ambiente de franca desaceleración, propicien condiciones para abrir nuevos frentes de negociación, especialmente nuevas reformas estructurales en el Legislativo… en tiempos de recesión. Coordinador de Nueva Alianza en San Lázaro |
