| De acuerdo con informaciones del gobierno de Ecuador, al menos cinco familias mexicanas tratan ahora de indagar el paradero de algún pariente presuntamente muerto durante el ataque realizado el pasado fin de semana por militares colombianos contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. El famoso “raid”, en el que el ejército colombiano logró matar al segundo al mando de esa organización, desató una crisis política entre Ecuador y Colombia así como roces entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y los regímenes de adversarios políticos como Venezuela y Nicaragua. Sus consecuencias no paran y se sienten ahora en México. De entrada, sería urgente que el gobierno del presidente Felipe Calderón demande una investigación sobre la muerte de los presuntos mexicanos y —si hubiere lugar— las reparaciones necesarias. Pero también que se explique cómo y por qué había mexicanos en un campamento de las FARC, quizá uno de alta seguridad debido a la jerarquía del “invitado” principal colombiano. La ilegalidad del ataque y la agravante de la muerte de mexicanos, que el gobierno Calderón debe seguir hasta su última consecuencia, complican la situación política en la que están mezcladas también las actividades de las FARC en México, su presencia en Ecuador, la actividad de inteligencia del gobierno colombiano en México y la actitud de las autoridades mexicanas. Al margen de lo que ocurra, es preciso advertir que en este incidente la información ha salido a cuentagotas mientras la Cancillería parecería desear que simplemente no saliera. Nadie critica la prudencia que debe regir los reportes de la SRE, pero eso no quiere decir que trate de impedir que las autoridades de otros países lo hagan sobre todo en una cuestión tan urgente y cuando está involucrada la muerte de uno o más mexicanos. La administración de Calderón debe además aclarar las circunstancias en que operan aquí las redes de inteligencia del gobierno colombiano, acabar con las sospechosas operaciones de las FARC en México y determinar en qué medida eran de reclutamiento, de proselitismo de simpatizantes o de entrenamiento y “ayuda revolucionaria” para presuntos guerrilleros mexicanos; eso, sin considerar las implicaciones que tienen los vínculos de las FARC con el narcotráfico internacional y el mexicano. El ataque ha tenido pues repercusiones mucho más allá de las fronteras de Ecuador y Colombia. Hoy más que nunca México debe promover el arreglo pacífico, pero también demandar claridad sobre la situación de los connacionales heridos, muertos, prisioneros o prófugos luego del ataque. A la vez las autoridades mexicanas —y en especial la SRE— deben proceder con transparencia y claridad, informar a cada paso para que no haya sospecha alguna y restablecer de esa forma lo que es por ahora una credibilidad maltrecha por una prudencia malentendida. | 
