| La agenda pública mexicana no se mueve tanto por los problemas públicos que deben ser definidos y resueltos a tiempo, cuanto por el tamaño del conflicto político que anuncian los temas inscritos en ella. Por eso, más que soluciones tenemos banderas y, más que propuestas, una obsesiva reproducción de declaraciones y agravios cruzados. Es otro síntoma del secuestro del espacio público mexicano: no tenemos un lugar dónde discutir los asuntos de todos. No hay ninguna duda de que el petróleo es muy importante. De eso ha vivido el presupuesto público mexicano durante décadas y, especialmente, desde finales de los años 70. Pero no es un recurso infinito, y ahora sabemos que el país no tiene la capacidad tecnológica ni los medios para demorar el momento en que ese recurso se agote y sea necesario buscar otras vías para financiar el gasto público del país. En rigor, el problema público que se está planteando no estriba tanto en la propiedad del petróleo, cuanto en la doble impotencia de México para seguir explotando el recurso y para financiar la administración pública. Nos explican que Pemex ha sido incapaz de producir la tecnología necesaria para extraer el petróleo que descansa en los yacimientos profundos, y nos dicen que los que están disponibles se irán agotando durante la próxima década. El escenario sugiere la bancarrota de Pemex y la pérdida de, por lo menos, la tercera parte del presupuesto público nacional. Sin embargo, lo que se está debatiendo no es eso, sino la posible venta de Pemex. La disputa por la propiedad de la empresa puede ser uno de los componentes del problema planteado. Pero lo que estamos viendo es, en realidad, un debate ideológico y una estrategia política. De un lado, se afirma que la venta de Pemex o, al menos, su asociación con empresas privadas para explorar y explotar los yacimientos profundos representa una condición de supervivencia. Una vez que se ha asumido que la administración de la empresa es definitivamente incapaz de resolver el problema, y que el gobierno no puede hacer nada más, se insiste en que deben ser los particulares de otros países quienes lo hagan. Y éstos, por su parte, estarían actuando literalmente como una mafia, pues no estarían dispuestos a colaborar con la empresa sin compartir la ganancia que se obtenga tras la inyección de nueva tecnología. De modo que la reforma energética de la que se está hablando consistiría, así, en una estratagema legal para permitir que el capital extranjero se adueñe de una parte de los recursos petroleros de México. Y, en ese sentido, el problema de fondo no se habría resuelto en lo más mínimo. De otro lado, se está defendiendo la propiedad pública de la empresa. Se dice que Pemex es de todos los mexicanos y que sería inaceptable que los particulares se adueñen de la riqueza que ofrece nuestro petróleo. Y en efecto, sería absurdo que esa empresa se pusiera a la venta o que compartiera las ganancias futuras con empresas privadas a cambio de nueva tecnología, si al final del camino esa operación no resuelve el problema del financiamiento al gasto público nacional. Sin embargo, mantener el statu quo tampoco representa una solución. De ahí que la propuesta planteada por López Obrador sea devolverle a la empresa petrolera el dinero que aporta, y en exigir a sus administradores que lo utilicen para desarrollar la tecnología necesaria para seguir explotando el petróleo en el largo plazo. ¿Pero cómo se pagaría el gasto público mientras eso sucede? La respuesta del presidente legítimo es, paradójicamente, neoliberal: reduciendo el tamaño y el costo de la burocracia. Es decir, exigiendo que el gobierno deje de hacer lo que hace, mientras Pemex se recupera. Aunque de ese modo, la riqueza que aporta el petróleo quedaría en suspenso hasta nuevo aviso y el problema original tampoco se habría resuelto. Estamos, pues, en medio de una disputa sin soluciones. Vender Pemex no resolvería el problema fiscal que de todos modos enfrentaría el país en 10 años, aunque diera recursos de corto plazo. Pero tampoco ayudaría en nada seguir destruyendo las finanzas de la paraestatal y seguir medrando contra su presupuesto, o suponer que el gobierno puede prescindir simplemente de los dineros que aporta la renta petrolera al país. En este sentido, los impulsos ideológicos de los dos bandos en disputa resultan igualmente inútiles. Sin embargo, los términos de la batalla política ya están claramente planteados y cuesta trabajo imaginar que puedan cambiar, porque a estas alturas ya no se está discutiendo el futuro de las finanzas públicas mexicanas o las capacidades tecnológicas y de gestión administrativa de Pemex, sino los principios ideológicos que están detrás del debate: que el mercado resuelva el problema o que el Estado conserve la propiedad de la empresa. Ni siquiera es posible suponer ya una solución intermedia, porque vender una parte de Pemex para que los particulares inviertan un poco sería tan ridículo como organizar comandos populares para adueñarse de las instalaciones de la paraestatal, a nombre del pueblo. Ninguna de esas dos caricaturas de la disputa que está en curso ha sucedido; pero no, eso no significa que no se estén considerando con seriedad. Mientras tanto, los problemas financieros que se avecinan para el futuro próximo seguirán aguardando una solución. Y lo único que sabemos a ciencia cierta es que Pemex se ha convertido ya en una empresa con tecnología obsoleta, cada vez menos competitiva y capturada por toda clase de intereses políticos. Para saber eso ya no es necesario esperar más, ni anticipar el desenlace de la disputa que está en curso. Sea porque el gobierno quiere vender, o sea porque el sindicato lo quiere impedir, o sea porque está en juego la patria y el destino de la nación, lo único seguro es que el deterioro de Pemex es cada vez más evidente. Seguramente seguirá siendo propiedad de todos los mexicanos, pero también seguirá siendo, me temo, el reflejo fiel de nuestra incapacidad para definir y resolver los problemas públicos del país. Profesor investigador del CIDE | 
