| Como una nueva fase de la polarización que se vivió en México durante 2006, ahora, dos años después, el tema de una reforma energética ha vuelto a prender los focos rojos de un enfrentamiento entre proyectos diferentes sobre el petróleo. En el pasado reciente hemos tenido momentos en los que se han enfrentado proyectos que han tensado las cuerdas políticas, como fue el doble fracaso del gobierno foxista por hacer una reforma fiscal que impusiera el IVA a alimentos y medicinas. Años después llegamos a cambios fiscales que dejaron ese impuesto fuera de la agenda. Hace unos días hubo un momento en el que se puso en cuestión la reforma de justicia y se tuvo que suprimir, afortunadamente, la constitucionalización del allanamiento de domicilio para obtener los votos necesarios. Ahora viene la reforma energética y tenemos un mapa político del siguiente tipo: una abierta posición en contra de cualquier posibilidad de entrada de capital privado a Pemex, proyecto que defiende López Obrador con radicalidad. AMLO dice que con ahorro y con los excedentes se puede invertir una suma de unos 400 mil millones de pesos, con lo que ya no se necesitaría inversión privada. En el otro extremo se encuentra el gobierno panista de Calderón, que no ha dado a conocer su proyecto, pero es posible que quiera abrir ciertas áreas a la inversión privada; por lo pronto, con la poca información que ha trascendido es factible que la propuesta panista se encuentre en una fase intensiva de negociación con el PRI. El tercero en esta disputa es el tricolor, que ya ha empezado a marcar sus condiciones, y desde un pragmatismo duro sabe que la reforma energética es una buena carta de chantaje al panismo gobernante. En una posición intermedia, que puede ser cercana a AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas, como perredista, pero sobre todo como hijo del general Lázaro Cárdenas, figura y emblema de la expropiación petrolera de 1938, señala que se puede aceptar la inversión en el campo de la petroquímica, porque “no hay ninguna limitación de carácter legal para invertir en exploración, perforación y extracción de petróleo o gas de nuevos campos” (Día Siete, No. 393). El debate de fondo parece que no es entre privatizar o dejar las cosas como están. No hay ningún político mexicano que se pronuncie de forma abierta por una privatización, lo cual no significa que exista ya un consenso sobre los cambios que necesita la empresa pública más importante del país. De la misma forma, ninguna de las posiciones acepta que el mejor escenario es dejar todo igual en Pemex. El debate que debería empezar a darse en el país, antes de que la polarización pase a mayores, es la discusión abierta de los problemas por los que atraviesa la industria petrolera mexicana y sus posibles vías de solución. Existe una amplia agenda de problemas; por ejemplo, el presidente de la Comisión de Energía del senado, Francisco Labastida, ha planteado lo siguiente (Enfoque, 24/II/2008): la descapitalización de Pemex, porque el gobierno obligó a Pemex a pagar entre 110% y 140% de sus remanentes para su gasto por este conducto; la extrema dependencia de los hidrocarburos, de donde viene 84% de la energía primaria; el agotamiento de las reservas que sólo serán para unos nueve años, porque el principal manto, Cantarell, está llegando a su fin; la creciente importación de petrolíferos y petroquímicos, como resultado de una declinación de la industria petroquímica nacional que ha tenido una inversión raquítica en los últimos sexenios; la exploración de nuevos yacimientos en aguas profundas, que tiene un alto nivel de complicación porque se necesita tecnología muy especializada y costosa, junto con los yacimientos transfronterizos en el golfo de México, donde la explotación que ya hace EU en una zona limítrofe complica el panorama y genera el llamado efecto popote, lo cual puede afectar los mantos de nuestro país de forma importante. En suma, se trata de una situación compleja que no acepta soluciones simplistas. La urgencia de una solución integral no puede esperar más tiempo. Las cifras rojas ya empezaron a mermar la economía del país. En estos días se dio a conocer que Pemex en 2007 ya tuvo pérdidas por 16 mil 127 millones de pesos, cifra que contrasta con la ganancia del año anterior, que fue de casi 47 mil millones de pesos. Este cambio se debió a un incremento en la importación de petrolíferos (Reforma, 28/II/2008). El modelo de política energética que ha seguido el país en las últimas décadas ya llegó a su límite. Puede ser cierto que AMLO simplifique los términos del debate y las salidas que propone, pero al mismo tiempo hay que reconocer que sobre Pemex hay redes y telarañas de intereses que han mermado su potencial. Con base en qué se podría tener confianza en que la entrada de capital privado vaya a estar adecuadamente regulada por un Estado que ha mostrado su incapacidad para regular a los grandes intereses; como muestra hay que ver el caso de las telecomunicaciones y el duopolio de la televisión. ¿Por qué con los energéticos va a ser diferente? Simplemente hemos visto que la corrupción sindical está permitida (tanto con el PRI como con el PAN en el poder), lo mismo que el tráfico de influencias, como parece mostrarlo el expediente de Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación, a quien se le señala como beneficiario de Pemex a través de los contratos que firmó como apoderado de una empresa, Transportes Especializados Ivancar, mientras tenía cargos de representación popular o era alto funcionario público (EL UNIVERSAL, 28/II/2008). Problema que se agrava sobre todo porque Mouriño es el principal negociador de Calderón en esta reforma. Los optimistas consideran que en las próximas semanas veremos a una clase política que llega a acuerdos y saca una reforma energética que ponga a la industria en la ruta de una solución eficaz, que pueda revertir el deterioro en Pemex al que lo han llevado los últimos gobiernos. Los pesimistas creen que podemos ir hacia una salida fácil y entregista. ¿Es posible descartar el escenario de que no haya reforma? Por lo pronto, ya existe el clima de una nueva fase de polarización, pero la información y el debate público son completamente deficientes. Investigador del CIESAS |
