| El gobierno de Felipe Calderón podría estar tentando el terreno para promover una reforma militar que integre a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en una sola dependencia encargada de los asuntos militares del país. De acuerdo con fuentes militares, en el centro de las discusiones están asuntos que van desde el nombre de la futura secretaría hasta la posibilidad de nombrar a un civil como secretario de la Defensa. Han tenido que pasar casi 70 años, desde la creación del Departamento de Marina Nacional en 1939 y su separación administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que los mandos empiecen a pensar en una administración militar única sin el dejo de celo, rivalidad y espíritu de secta que ha prevalecido en varias generaciones castrenses. La reforma tendría retos muy importantes que resolver y que atañen a una estructura castrense construida en torno a las necesidades políticas de cada gobierno en esas siete décadas. La falta de integración y la necesidad de diferentes gobiernos de usar a las Fuerzas Armadas para resolver problemas de inestabilidad social o política generó el crecimiento desproporcionado del Ejército y el abultamiento de su cuerpo administrativo, la limitación de la Fuerza Aérea a ser una rama del Ejército en apoyo de sus operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes, así como el atraso y lentitud de la Armada para desarrollar una flota de defensa marítima. De completar ese cambio dentro de su administración, Calderón habría roto con una inercia institucional que ha mantenido la separación de las Fuerzas Armadas, la duplicación de esfuerzos, la competencia por los recursos presupuestales, así como el estado de atraso tecnológico en todas las fuerzas. El atraso va más allá de la tecnología y el equipamiento militar e incluye la inexistencia de una política de defensa. Hasta ahora, México es quizá el único país de América Latina que tiene a dos dependencias gubernamentales separadas para administrar por un lado los recursos de la fuerza terrestre y aérea y por el otro a la fuerza naval, y también es uno de los pocos países de América Latina, junto Guatemala y Cuba, en el que mandos militares en el servicio activo encabezan las secretarías o los ministerios de Defensa. El problema de empezar una reforma de esa magnitud no parece estar en la renuencia militar a la integración de las Fuerzas Armadas, sino en la pasividad civil que ha evitado por décadas tanto la revisión del marco jurídico que norma el comportamiento de instituciones militares mexicanas como la elaboración de una política de defensa nacional. Los mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México parecen estar de acuerdo en lo general en la necesidad de un acercamiento y de diseñar una política racional para distribuir y administrar el presupuesto militar de acuerdo con planes y objetivos únicos de defensa nacional. Para ellos sería mejor actuar como una fuerza única integrada que como ramas separadas que se disputan privilegios económicos e influencia en el Poder Ejecutivo. Aún está por verse el alcance real de la reforma militar que busca el gobierno del presidente Calderón. Su idea de integración militar puede ser consistente con la política de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y con la idea de presentar una fuerza única, coordinada y más efectiva en las operaciones con la delincuencia organizada. Para ello quizá no requiera nombrar a un secretario civil de la Defensa, sino meramente unificar las fuerzas. Esto daría mucha más estatura y fuerza al alto mando militar que encabece la nueva dependencia y podría abrir un nuevo capítulo de rivalidad entre los líderes de las diferentes fuerzas. Además, la persistencia de tener a un mando militar como secretario de Defensa seguiría siendo contrario a la propia Constitución mexicana, que no exige el requisito de la condición militar para que un ciudadano sea parte del gabinete presidencial. Una reforma más amplia y más apegada al proceso de consolidación democrática podría asegurar el espacio civil en los asuntos de defensa, además de fortalecer y ampliar el papel del Congreso en los asuntos de la vida militar. Esta ampliación podría eliminar la práctica de usar a militares en el servicio activo que consiguen un puesto de representación plurinominal en el Senado o en la Cámara de Diputados con el fin de promocionar la imagen pública de las Fuerzas Armadas, servir de filtro de las iniciativas de reforma militar y cabildear las necesidades especiales de presupuesto. Los sectores gubernamentales que promueven esta reforma también podrían avanzar la agenda democrática si difunden su plan y reciben el punto de vista de una comunidad mucho más amplia de personas, expertos e interesados en los temas de la Defensa Nacional. Hasta la fecha, el tema sólo ocupa algunas entradas con información limitada en los foros de discusión en internet dedicados a las Fuerzas Armadas, así como en las discusiones privadas de algunos militares mexicanos. El resto del país está desinformado y podría desayunarse un día de estos con la noticia de que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina ya no existen, y que en su lugar está una nueva institución. jlsierra@hotmail.com Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas | 
