| El nuevo Consejo General del IFE se estrena con incertidumbre sobre los alcances de sus propios atributos de fiscalización, la ejecución, sobreseimiento de juicios y penas para los partidos y la indeseable situación de choques frecuentes con políticos, funcionarios, ciudadanos, empresarios y, sobre todo, con los medios de comunicación. El consejero presidente Valdés propone condonar las multas a partidos por gastos excesivos; Arturo Sánchez pide interrumpir la facultad punitiva del IFE mientras no se precisen sus instrumentos y alcance. Ambas posturas suenan realistas y corroboran la idea de que la crisis del IFE se gestó en la oposición de los partidos a multas tan altas que podían desaparecerlos del mapa político. La revancha fue iniciada por el PRI contra las multas por el Pemexgate. La rabieta de AMLO contra la elección presidencial de 2006 dio al PRI la oportunidad de ajustar cuentas con el IFE y poner nuevas reglas, las cuales crearon un conflicto sobre la participación de empresarios y empresas de comunicación en campañas políticas. Sobre esto último, la ley adoptada es tosca con la libertad de expresión y muy difícil de cumplir, a menos que el IFE funcione como policía de ciudadanos. El consejero Sánchez advierte este riesgo. Estas son algunas consecuencias de la inflación legal asociada al estado de derecho, la democracia y la transparencia. Si consejeros del IFE muestran pudor ante sus propias facultades, hay que tomarlos en serio, superando nuestras convicciones legalistas. Hay exceso de normas y traslape de jurisdicciones que aumentan los puntos de fricción de actores políticos y ciudadanía con la autoridad electoral. La colonización jurídica de lo político amenaza la libertad de expresión, empezando con la participación en campañas electorales, lo cual es obvio para muchos. El exceso de legalidad no se limita al IFE, invade todos los poderes y niveles de gobierno, multiplicando sus puntos de fricción con la sociedad y la economía, las cuales se contaminan de legalismo también. He ahí los casos de Televisa y Telmex, ambas estancadas por regulaciones adversas de agencias autónomas bajo el imperativo de proscribir monopolios, en vez de regularlos como hechos de la vida económica. Cualquier cosa a favor de la competencia en telecomunicaciones se hará a costillas de los actores dominantes. Vaya competencia. El celo antimonopolista de nuestros reguladores y de cierta opinión legalista es el mayor homenaje al credo económico neoliberal, que niega racionalidad económica al monopolio. Para el liberalismo clásico, el monopolio o concentración era consecuencia de la competencia por vía de reducción de costos y ampliación de la escala económica. Había que ver cada caso, aceptando la regulación conveniente, sin sentar doctrina. Para el neoliberalismo, en cambio, el monopolio es intolerable porque debilita la idea de que la sociedad y la vida individual deben organizarse según reglas de competencia, quintaesencia de la vida social, su estructura, su misión y su instrumento, su eidos, su modo de conducta, su escala de valores, su campo de adversidad, en fin, toda una nueva religión basada en el dogma de que mientras más despiadado seas con la competencia, mejor para el conjunto… Siempre que haya reglas, claro está. La competencia multiplica los puntos de fricción entre actores, así que debe haber autoridades que diriman los litigios. Bajo el dudoso supuesto antropológico de que el estado deseable de la sociedad es la competencia, se erige un castillo de instancias, leyes, órdenes, directrices, normativas y procedimientos que enredan al individuo y convierten a los órganos del Estado en un laberinto siniestro, donde los funcionarios deben andar con pies de plomo, no vayan a estar firmando su propia sentencia de muerte política. El neoliberalismo resulta ser el más interventor de los regímenes políticos al pretender regular todos los circuitos de la vida económica, política y social según la idea de la competencia, cuya garantía es, paradójicamente, una mayor intervención estatal en la forma de reglas, árbitros y procedimientos. Es bueno que el árbitro disminuya o adecue sus pretensiones y retroceda ante el peligro de impedir la libertad individual. blascota@prodigy.net.mx Analista político |
