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    Unas fuerzas desarmadas
Jorge Luis Sierra
15 de febrero de 2008

Cuando un ejército gasta más de 60% de su presupuesto en el pago del costo laboral, es decir, en los haberes y sobrehaberes de los soldados, esa es una fuerza armada sin capacidad operativa real para la defensa del país, considera Thomas Scheetz, quizá el especialista en economía de la defensa más importante de América Latina. Las Fuerzas Armadas mexicanas están en ese caso.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, prevé gastar más de 85% de su presupuesto de 34 mil 712 millones de pesos en el rubro de servicios personales. Ese porcentaje representa 25% por encima del nivel máximo que un ejército puede gastar en el salario de sus soldados sin comprometer su capacidad operativa.

El problema es relativamente menor en la Secretaría de Marina-Armada de México, pues ésta prevé un gasto de 72% de su presupuesto de 13 mil 420 millones de pesos en servicios personales.

De cualquier manera, esos porcentajes colocan al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en una de las fuerzas armadas menos operativas de América Latina, en el momento en el que el gobierno las está usando al máximo en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Sheetz, profesor de Economía de la Defensa en la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, afirma que ese país logró bajar su costo laboral a 77.8% en el ejercicio fiscal de 2005, desde un nivel anterior de 85.3%. Sin embargo, la reducción del gasto en equipo militar a 0.4% en 2005, desde el nivel de 4.5% en 1999, dejó como resultado que las Fuerzas Armadas argentinas se encontraran desarmadas, desactualizadas e inoperables, asegura Sheetz.

¿Sucede esto con las Fuerzas Armadas mexicanas? Me temo que sí. La Sedena tiene un presupuesto de 0.00001% en gasto de capital. La Semar tiene un presupuesto mayor con 7.45% programado en el mismo rubro.

Para que una fuerza armada tenga un nivel eficiente, dice Sheetz, necesita gastar no más de 60% en el costo laboral y de 15% a 25% en equipo y mantenimiento.

Sin embargo, la contradicción aparente que vive México entre el gasto ínfimo en capital y el gasto excesivo en servicios personales afecta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas alcancen sus objetivos sectoriales en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según el Plan Sectorial de Defensa 2007-2012, la Sedena tiene como objetivos principales proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos y hacer más eficiente la operatividad del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

La Semar también tiene a la eficiencia como uno de sus objetivos principales. En el Programa Sectorial de Marina 2007-2012, la dependencia afirma que la situación geopolítica y los requerimientos de seguridad del país imponen la necesidad de contar con una organización flexible y eficiente. El alto mando de las Fuerzas Armadas tendría que explicar entonces cómo piensa alcanzar esos niveles de efectividad.

En los planes de ambas dependencias no se advierte la intención de reducir el número de efectivos.

Por el contrario, con 199 mil 245 efectivos en el Ejército y la Fuerza Aérea y 55 mil 961 en la Armada de México, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen a 255 mil 506 efectivos, 50% más que en 1988. En los documentos de planificación sectorial, las Fuerzas Armadas han deslizado, entre líneas, la necesidad de un aumento del presupuesto militar que posibilite “unas fuerzas modestas, pero altamente operativas”.

La Sedena advierte por ejemplo que esa condición “exige incrementar sustancialmente las partidas en materia de mantenimiento, combustibles, lubricante y adiestramiento”. La Semar, por su parte, considera prioritaria la construcción de buques, mejorar y modernizar las condiciones operativas de los buques y aeronaves, adquirir unidades aeronavales y contar con sistemas de comunicación que permitan la interoperatividad.

La carencia de una política nacional de defensa que guíe el diseño del presupuesto militar ha estimulado, por otra parte, tensiones internas. Con una base creciente de efectivos y un presupuesto que no aumenta en términos reales, las quejas empiezan a cundir entre los soldados: prestaciones bajas, haberes ínfimos para los militares en situación de retiro, préstamos insuficientes para la compra de vivienda o uso de recursos para haberes en el pago del costo de operaciones. A eso habría que agregar la deformación de la estructura de mando que permite la existencia de un número excesivo de generales y almirantes, en detrimento del erario.

La Sedena reconoce que un promedio de 35 soldados deserta cada día, con el riesgo de su incorporación a la delincuencia organizada.

Si el gobierno pretende cumplir efectivamente con los programas sectoriales de Defensa y Marina tendrá que generar una discusión nacional sobre qué Fuerzas Armadas necesitamos y hacia dónde queremos que vayan. El proceso podría tardar y llevarse más años que lo que dura este sexenio, pero al menos quedaría clara la intención de que esas Fuerzas Armadas, modestas, llegarán a ser eficientes y corresponderán a las necesidades de defensa nacional.

El asunto podría ser más trascendental de lo que el gobierno parece creer. Es difícil que un país pueda cumplir con sus objetivos nacionales si tiene a unas fuerzas desarmadas, desactualizadas e inoperables, semiconvertidas en policías y, además, con tensiones internas y problemas aún no resueltos de deserción.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas

 
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PERFIL
 
Jorge Luis Sierra es un periodista especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.

Ha trabajado como profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana y ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington; del Programa de formación de civiles en políticas de la defensa, de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina; y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.

 
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