| Sobre la reciente designación de los consejeros electorales del IFE tiene razón Miguel Ángel Granados Chapa: “Pudo haber sido una selección mejor, pero también pudo ser peor”. En este caso habría que preguntarnos ¿por qué no fue mejor? Es cierto que ahora hubo una diferencia respecto del nombramiento que se hizo en octubre de 2003: se integró al PRD, por lo menos a una parte de ese partido. Pero quedan dudas y cuestionamientos sobre esta importante pieza de la reforma electoral. Tiempos y momentos han marcado el nombramiento de los consejeros electorales del IFE. En la historia de esa institución ha habido varias etapas en las que se han combinado cambios de reglas y de árbitros. La primera fue la fundación, que va de 1990 hasta la llegada de los consejeros ciudadanos en junio de 1994. La segunda es un momento de transición breve de dos años, con ese arbitraje ciudadano que se topaba con una estructura manejada completamente por la redes del partido gobernante, el PRI, y concluye a fines de 1996, cuando inicia una tercera fase: la construcción de una institución autónoma. Con la renovación de los consejeros en octubre de 2003 inicia la cuarta fase, que se puede caracterizar por el regreso de las cuotas partidistas entre los consejeros, la crisis del modelo electoral y el conflicto de la sucesión presidencial de 2006. Con la reforma electoral de 2007 y la renovación de los consejeros inicia una nueva etapa de la institución. En este espacio ya hemos señalado cómo las promesas de una reforma electoral terminaron con la generación de nuevas reglas del juego, que hubo avances, pero también retrocesos. Finalmente se hizo la renovación de los primeros tres consejeros electorales. Desde hace varios meses escribí que la mejor solución para el IFE era el cambio completo de consejeros, que a una modificación de las reglas electorales correspondía un nuevo equipo. Además, el conflicto electoral de 2006 y la desaprobación de varios partidos sobre el desempeño de los actuales consejeros, que llegaron con el voto del PRI (Elba Esther Gordillo) y del PAN (Germán Martínez) en 2003, eran buenas razones para conformar un nuevo equipo que pudiera recuperar el prestigio y la confianza que se habían lastimado en los últimos años. Desafortunadamente esta lógica no funcionó, los consejeros se aferraron al puesto y ese interés se mezcló con los temores del PAN, partido que hizo una falsa operación: equiparar la salida de los consejeros con el reconocimiento de un fraude. Como parte de las negociaciones de la reforma electoral, los partidos acordaron una mala salida en su diseño y peor en su implementación: un escalonamiento en tres tiempos (diciembre de 2007, agosto de 2008 y octubre de 2010). Lo que se había calculado como un arreglo de cuotas partidarias, como en los mejores tiempos, tuvo un ingrediente que desajustó la lógica de los partidos: la convocatoria pública, las entrevistas y una supuesta selección abierta de candidatos. En plena época de la transparencia, lo menos que se podía hacer era abrir el proceso de selección. Sin embargo, la abierta contradicción entre la transparencia y los intereses partidistas terminó por reventar el proceso y dar como resultado una carambola de plazos vencidos, vetos, arreglos en lo oscurito, con un resultado extraño, que no fue el mejor. Lo primero que ocurrió fue que se venció el plazo y en diciembre no se pudo llegar a un acuerdo por consenso, porque prevalecieron los vetos cruzados. De los casi 500 participantes en el proceso se hicieron varias selecciones hasta llegar a un número de 39 integrantes. Por supuesto, la información del proceso de descarte brilló por su ausencia. Los vetos obligaron a los partidos a retomar una negociación, en la que tuvieron que dejar atrás a sus mejores opciones iniciales. Así, como en cualquier negociación, se quemaron nombres de personas que hubieran cambiado de forma importante la imagen del IFE; vino enseguida un manoseo de nombres, en el que lo que menos importaba era cuidar a los candidatos, un enrome maltrato. A diferencia de 1996, cuando las cuotas de los partidos llevaron a proponer nombres con mucho prestigio en el campo electoral, ahora las apuestas fueron a la baja. La mecánica de carambola y vetos no tuvo como objetivo proponer a los mejores, sino a los más aceptables para los partidos. El objetivo no fue pensar en lo mejor para la institución, sino en ubicar a personas que le garanticen a cada partido una cuota. El interés partidista mató el propósito de la calidad en la selección. Algo está mal en el diseño de esta forma de elegir a los candidatos. Es una aberración que los jugadores seleccionen al árbitro. Los vetos y las rondas dejaron en el camino a las mejores cartas de cada partido, los que eran el plan A y quizá el plan B, y se quedaron con el plan C, los que eran aceptables después de varias rondas de propuestas y vetos. El resultado está a la vista: Leonardo Valdés como consejero presidente, con experiencia en organización electoral, que formó parte del equipo del IFE en 1996. Llega como una propuesta del PRD, pero fue impugnado por un grupo de legisladores de ese partido. Luego viene Marco Antonio Baños; propuesta del PRI, viene de una parte complicada del viejo PRI que nunca ha dejado de estar presente en la estructura del IFE; sus vínculos vienen de la herencia de Felipe Solís, un secretario ejecutivo que fue despedido por los consejeros después de las elecciones de 1997; Baños también tuvo que dejar la dirección del servicio profesional, y ahora regresa. Como dijo Jorge Zepeda, nadie hará tanto por el partido que lo eligió como Baños. Es la pieza del senador Beltrones. Y Benito Nacif, apoyado por el PAN, un académico especialista en temas legislativos quien, por cierto, hace unos meses firmó un desplegado para que no se moviera a los consejeros. El escalonamiento seguirá y en agosto se irán otros tres; muy pronto veremos quién llega; y en octubre de 2010 se irán los últimos tres. Cada partido hizo sus cálculos y se quedó con sus cuotas. El PRI y el PAN ganan con este reacomodo; el PRD sigue en desventaja. El Consejo General seguirá partidizado y el IFE estará intervenido por el Poder Legislativo mediante un contralor. Ese será el nuevo IFE. Sin duda, pudo haber sido mejor… Investigador del CIESAS |
